Pasado el mediodía del lunes 10 de abril se reunieron el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa. Sobre dicho encuentro había alta expectativa por las fuertes tensiones entre el funcionario y el jefe de Estado sobre temas como el proyecto de ley de sometimiento a la justicia y el Plan Nacional de Desarrollo.
Justamente, esa iniciativa de sometimiento que cursa en el legislativo fue el tema principal de conversación en Casa de Nariño. Al respecto, el Gobierno nacional anunció al término de dicha cumbre que el articulado “tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena”.
De igual manera, el presidente Petro atendió nuevamente los duros reparos que tiene el fiscal Barbosa sobre el proyecto de ley, y en ese sentido anunció la instalación de mesas técnicas entre ambas instancias para llegar a acuerdos sobre el articulado. Así las cosas, el gobierno y la instancia judicial continuarán trabajando de manera conjunta para atacar a los grupos criminales centrados en el narcotráfico y realizar las operaciones de interdicción necesarias.
También dieron a conocer que “se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la fuerza pública que permitan consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas”. Sumado a eso, Barbosa reafirmó en rueda de medios posterior al encuentro los consensos alcanzados con el primer mandatario.
“Se supera completamente esa discusión y me siento muy cómodo sobre lo que llegará en la ponencia; lo que se acuerda es que no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia”, manifestó la cabeza del organismo de control fiscal. En esa medida, también acordó con el presidente Petro que los únicos beneficiados van a ser los pequeños cultivadores.
Barbosa también expuso que entró en sintonía con el presidente de la República en el hecho de que productores y expendedores de droga en el país no pueden beneficiarse a partir de los diferentes proyectos de ley y resoluciones que presente el Gobierno nacional.
Así las cosas, la reunión entre Petro y Barbosa duró cerca de tres horas —estaba programada para las 10 de la mañana de acuerdo con la agenda presidencial— y se dio luego de los constantes cruces de declaraciones entre el funcionario y el presidente. Uno de ellos se presentó a finales de marzo, cuando el fiscal aseguró que el Gobierno nacional tenía intenciones de legalizar el narcotráfico a través del proyecto de ley de sometimiento y la reforma a la humanización de las penas.
En respuesta, Petro Urrego calificó esas afirmaciones como calumnias y aclaró que “nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína”. En ese trino, también señaló que el funcionario confundió a narcotraficantes con cultivadores de hoja de coca, siendo estos últimos actores más criminalizados. “por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, añadió el mandatario.
Sumado a eso, el fiscal afirmó el 21 de marzo, en medio de un foro sobre la actualidad de la justicia en el país, Barbosa no solo criticó los decretos de cese al fuego firmados el 31 de diciembre de 2022 por el presidente, sino que también se despachó contra el Ejecutivo por no acatar las recomendaciones y reparos entregados sobre el proyecto de ley de sometimiento.
Precisó que “no fueron imposiciones” y mucho menos se trata de un tema de “caprichos”. Argumentó que esas observaciones las hizo en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y hasta le contestó a sus detractores.
“Si el objetivo es que ahora me digan ‘dictador parlamentario o legislativo’ o que incluso estoy haciendo política, que lo hagan, pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir”, sentenció el Fiscal General.