El viernes 31 de marzo se inició un proceso de contratación de la Cámara de Representantes por 200 millones de pesos, para hacer mantenimiento y cambio de llantas a 56 vehículos que son propiedad de la entidad. Sin embargo, 50 automotores no se pueden mover y se encuentran en los parqueaderos del edificio del Congreso.
De acuerdo con el documento que constata dicho acuerdo, eran 43 camionetas y siete motocicletas que se usaban como parte de esquemas de protección de congresistas y funcionaros de la entidad. Sin embargo, hoy, las camionetas que brindan seguridad las provee la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Además, en documentos de la Dirección Administrativa de la Cámara, el mantenimiento en repuestos, impuestos y seguros de los automotores, aunque se encuentren parqueados, cuesta 946 millones de pesos al año. 40 de estos automotores ya tienen más de diez años de antigüedad y 200.000 kilómetros recorridos.
Es por esto que, desde el primer semestre del 2022, la División de Servicios de la Cámara solicitó actualizar la flota, y de esta manera evitar que se consagren como un fondo de inversión insostenible y un peligro para la integridad de los funcionarios.
En respuesta a esta solicitud, la Dirección Administrativa abrió proceso para cambiar las 47 camionetas, junto a siete motocicletas, que son propiedad de la Cámara por cinco o seis vehículos nuevos. Pero, hasta el momento no se ha dado respuesta y consiguiente a ello los vehículos siguen en posesión. Desde octubre hasta la fecha se han abierto tres procesos de contratación, pero no se han podido otorgar, porque recibir estos vehículos es considerado como tener ‘problemas a la mano’.
Dentro del proceso de contratación en el mantenimiento de estos vehículos se incluye la adquisición de llantas que resistan el peso de un automotor blindado, así como el cambio de vidrios blindados, instalación y mantenimiento de blindaje 3A.
El primer enigma en relación con la posesión de los vehículos se asocia a que las camionetas deben ser desblindadas, proceso que tarda una larga temporada, ya que este debe ser respaldado por la Superintendencia de Vigilancia y la Cámara exige que este proceso debe adjudicarse por parte de la empresa a la cual queden los vehículos a cargo. Lo cual ha generado varios tropiezos durante el proceso. Ejemplo de ello la comunicación enviada por parte de la compañía Soluciones y Recuperaciones (SYR) a la Cámara, en la que aconseja que el desblindaje de los vehículos puede tardar más de los cuatro meses que da como plazo el proceso de contratación.
No obstante, según la Dirección Administrativa, este proceso no puede realizarse ya que, si la entidad se inclina por la venta de los vehículos, los dineros deberán consignarse en la cuenta del Tesoro Nacional y retornarían al presupuesto de la Cámara.
Lo más engorroso en el caso es que mientras el proceso dure los vehículos deben continuar en los parqueaderos para evitar mayores problemas y desgastes. Desde la Dirección Administrativa se afirma que ‘’no hay detrimento patrimonial’' por tenerlas camionetas parqueadas, pero queda en la mesa la duda sobre la utilización de recursos públicos en relación con la manutención de bienestar inutilizables.
Cámara de Representantes cambiará más de 40 camionetas Toyota por “obsoletas”
En diciembre de 2022, la Cámara pretendía desechar varios carros, camionetas y motos que tendrían, apenas, entre 5 y 6 años de uso pero que a los representantes ya no les servirían por “obsoletas”.
Así lo reveló la revista Cambio, que tuvo acceso al contrato que se suscribió en octubre pasado donde se informa que los 47 vehículos, avaluados en más de 3 mil millones de pesos, serán cambiados por unos completamente nuevos.