No han pasado ni cuatro meses desde que el presidente Gustavo Petro anunció un cese bilateral al fuego con cinco grupos armados –el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada– durante el primer semestre del año (2023); y tan solo tres siguen en pie.
El primero en “caerse” fue con el ELN. El comando central de dicha guerrilla desmintió haber acordado un cese de hostilidades, a tan solo unos días de conocerse la noticia. La decisión “unilateral” del Gobierno de realizar el anuncio, hundió los diálogos con esta organización en una profunda crisis y, aunque ya logró superarse, al cierre del segundo ciclo de conversaciones todavía no se ha concretado la tan esperada medida.
Y a estos, le siguieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mejor conocidas como el Clan del Golfo, que estuvieron detrás de los desórdenes ocasionados durante el llamado “paro minero”, en el Bajo Cauca antioqueño. Motivo por el cual, el presidente Gustavo Petro decidió suspender por decreto el cese de hostilidades con este grupo, luego de que sus hombres quemaran cuatro camiones y dos buses de transporte público, en la vía que conduce de Valdivia a Caucasia.
Lo que generó todo tipo de comentarios negativos sobre la medida y la supuesta “pasividad” de las Fuerzas Armadas, durante y al término de los ceses al fuego. Pues bien, sobre dichas apreciaciones se pronunció el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en medio del debate de control político sobre seguridad en el país, realizado en la plenaria del Senado, del Congreso de la República.
A puertas de iniciar acercamientos con el Estado Mayor Central (Facción de las Farc que no participó de los acuerdos de paz con Juan Manuel Santos), el Estado creó un mecanismo de “veeduría, monitoreo y verificación, que ya está prácticamente integrado”, para monitorear su compromiso con la paz total del presidente Petro.
Y es que, tras el levantamiento de las órdenes de captura, en contra de la cúpula guerrillera, de las disidencias al mando de Iván Mordisco “Ya esa organización señaló a los cinco miembros del mecanismo, son cinco miembros de esa organización ilegal, cinco miembros del Gobierno, donde está la presencia de las Fuerzas Militares y de Policía, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Comisionado para la Paz”, explicó Velásquez.
Y, aunque, parte de la información sobre dicho mecanismo es clasificada, reveló que en él se establece una pedagogía no solo del cese al fuego, sino también para la implementación de una paz total duradera. Similar a la cartilla entregada a los miembros de las Fuerzas Armadas, en la que se dan instrucciones claras de suspender las operaciones ofensivas en contra de quienes siguen cobijados por un decreto del cese al fuego (Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Autodefensas de la Sierra Nevada), aunque, en casos de dudas deben “consultar al escalón superior del mando”.
Pero, garantizó que, en las regiones ocupadas por dichos grupos y en las que son amenazadas con la presencia de integrantes del ELN y el Clan del Golfo “las fuerzas institucionales. Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea y de las organizaciones conjuntas, comandos conjuntos, fuerzas de tarea conjuntas y comandos específicos por conducto de los distintos niveles del mando mantendrán un control permanente en los territorios, en corredores de movilidad, puntos críticos estratégicos y punto utilizados por actores generadores de amenazas”.
Puesto que, aún con tres ceses al fuego en pie, Policía y Ejército trabajan en “mantener el control de los territorios, que no es precisamente quedarse sentados y menos de brazos cruzados, cuando se da la siguiente instrucción” y que, además “continuarán con el desarrollo de operaciones militares de interdicción contra las cadenas de microtráfico de la minería ilegal y de las demás conductas delictivas y actividades ilícitas que puedan afectar a la población civil y la infraestructura del Estado”.