Durante el viernes 24 de marzo, la Procuraduría le solicitó a los actuales comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— que avancen con sus declaraciones de verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado y los hechos violentos perpetuados por las extintas Farc, grupos paramilitares y agentes del Estado.
De acuerdo con Jairo Acosta, funcionario delegado del Ministerio Público ante el tribunal de paz, la verdad contada hasta ahora sobre el conflicto no es suficiente, debido a que hay sujetos que deciden callar su versión sobre diversos hechos mientras que otros han hecho sus aportes de manera plena, tal como lo exige la instancia de justicia transicional.
Además, recordó que los comparecientes —incluyendo terceros civiles y excombatientes de la antigua guerrilla— tienen que comprender el concepto de verdad plena, no como “un simple ejercicio de retórica” sino como un proceso exhaustivo para lograr transformaciones profundas alrededor de la paz en el país. De igual manera, puntualizó en que durante 2023 han sido emitidos 154 conceptos individuales y otros 16 correspondientes a los 10 macrocasos de la JEP.
La entidad reiteró que ha intervenido en 107 audiencias y en 65 prácticas de pruebas y enfatizó en que en todos procesos describió la importancia de los aportes plenos a la verdad.
Por otra parte, reiteró su insistencia ante la JEP de la apertura del Caso 11, el cual estaría enfocado solamente a investigar las violencias sexuales y crímenes de género ocurridas durante el conflicto interno. Sobre esto, manifestó que representaría “una reivindicación de la verdad, con justicia y dignidad”.
Incluso, la procuradora Margarita Cabello también extendió ese llamado de urgencia a la jurisdicción especial. “La apertura del macrocaso 11 no da más espera. Lo dijimos, lo reiteramos en 2022 ante el anuncio de priorización y hoy insistimos en que la decisión sea tomada en el menor tiempo posible”, sostuvo la funcionaria.
En respuesta, el presidente del tribunal, Roberto Carlos Vidal, dijo que sí se abrirá el macrocaso y que se encuentran conformando los grupos de trabajo para recibir los procesos.
Acosta Aristizábal, bajo ese panorama, dijo que otro de los objetivos del Caso 11 es el esclarecimiento de delitos como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; la tortura, el secuestro y otros hechos cometidos contra la población menor y mujeres, y que deben ser abordados tanto por la magistratura como por el Ministerio Público.
La petición de más comparecencias
El procurador delegado ante la JEP también solicitó nuevas comparecencias individuales y colectivas, esto teniendo en cuenta las declaraciones entregadas por los excomandantes del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro y Mario Montoya Uribe, así como las recientes declaraciones de los otrora integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba.
Sumado a esto, solicitó un contraste “de la información entregada en los diferentes macrocasos y que se utilicen todas las herramientas establecidas por la justicia transicional para ir más allá en la reconstrucción de la verdad sobre los diferentes hechos violentos ocurridos en el conflicto armado”.