Las denuncias y llamados de atención por faltas a la implementación del Acuerdo Final de Paz no son exclusivas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la administración de Iván Duque, diversas organizaciones sociales y partidos otrora de oposición reclamaron ausencia de garantías para poner en marcha puntos como la Reforma Rural Integral y la reincorporación de excombatientes que decidieron acogerse a lo acordado en La Habana en 2016.
Dichos reclamos se extendieron a la actual administración, pues crisis como la generada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, ubicado en el municipio Mesetas, Meta, generaron fuertes llamados de atención como el realizado por Rodrigo Londoño, que le pidió al jefe de Estado reunirse con él para dialogar sobre la implementación del acuerdo.
En ese sentido, el máximo dirigente del partido Comunes, anunció en la tarde del martes 21 de marzo que sí se adelantará una reunión con el presidente en calidad de firmante del Acuerdo Final. Al respecto, mencionó que los temas a tratar serán, justamente, la proposición de garantías para los excombatientes que se encuentran en proceso de reinserción y la puesta en marcha de cada uno de los seis puntos del documento.
Este anuncio también se conoció luego del encuentro que sostuvieron otros representantes de Comunes con el presidente Petro y voceros del Gobierno nacional. Exintegrantes de las extintas Farc como Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo y Germán Gómez hablaron no solo con el primer mandatario sino también con el ministro del Interior, Alfonso Prada; el director del Dapre, Mauricio Lizcano, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia.
La cumbre con el partido perteneciente a la coalición de gobierno se realizó en la Casa de Nariño y se produjo después de los llamados hechos para atender la emergencia presentada en el Etcr Mariana Páez, pues más de 200 familias fueron amenazadas con ser desplazadas por parte de integrantes del Estado Mayor Central, grupo residual al mando de ‘Iván Mordisco’.
“Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ‘¿Por qué?‘” señalaron los excombatientes en un pronunciamiento elaborado el martes, 14 de marzo.
Ante la problemática presentada, Londoño no solo pidió una reunión con Petro, sino que le detalló que 86 mujeres y más de 80 niños y niñas fueron forzados a avanzar su territorio a causa de la acción armada de las disidencias. En ese orden, le recordó que el Acuerdo Final es la base para la construcción de la Paz Total, bandera de la actual administración y advirtió que si no se garantiza la seguridad de los firmantes, dichos cimientos “van a ser destruidos”.
Otra situación que preocupa a Comunes es el asesinato de exguerrilleros en fase de reinserción. En 2023 han sido asesinados cuatro: uno en Riosucio —Caldas—; Tame —Arauca—; Belén de los Andaquíes —Caquetá— y Ábrego —Norte de Santander—.
Sumado a eso, en 2022 la situación fue más crítica, pues actores armados mataron a 42 excombatientes. Los departamentos donde más se repitieron estos hechos fueron Cauca —7—, Antioquia —6—, y Putumayo y Caquetá con cinco casos en cada uno.