La Procuraduría General de la Nación para asuntos constitucionales ordenó a la ministra de Salud del país, Carolina Corcho, y al Instituto Nacional de Salud (INS), responder en diez días a la sentencia de la Corte Constitucional que buscar amparar el derecho a donar sangre de la población LBGTIQ+. Es de destacar que el 26 de mayo del año pasado, la Corte ordenó a las autoridades sanitarias del país modificar las normas y procedimientos “que discriminen a las personas por su orientación sexual o identidad de género”.
La Corte, en su momento, consideró que la población LGBT “todavía sufre los vestigios del peligrosismo homofóbico y transfóbico que la relaciona con ciertas patologías como es el caso del VIH y su vinculación histórica con los hombres homosexuales y con las mujeres trans, a pesar de que su contagio no depende de esto, sino de las prácticas sexuales riesgosas, como el sexo anal receptivo sin el uso de preservativos”, aseguró el alto tribunal en un comunicado de prensa.
“Esta situación de discriminación estructural hace necesario insistir en el reemplazo de la noción de grupos de riesgo por la de prácticas sexuales riesgosas en la selección de donantes de sangre”, añadió la entidad.
Fue en julio del año 2021 cuando Diego Rico Rivillas y Edward Andrés Gutiérrez, una pareja de novios, interpusieron una acción legal luego de que fuera rechazados, en enero de ese mismo año, para ser donadores de sangre. Los hechos ocurrieron en la Fundación Valle de Lili, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Los dos denunciaron que habían sido víctimas de discriminación porque en una de las preguntas del cuestionario para donar se trataba de indagar si en los últimos 12 meses habían tenido relaciones sexuales con hombres o mujeres trans.
“Yo fui con mi novio a un banco de sangre privado en Cali y nos dijeron que no podíamos donar sangre porque habíamos tenido relaciones sexuales con otro hombre. En este caso, entre nosotros que somos una pareja y en ese momento nosotros les indicamos que somos pareja monogámica que usaba condón en todas sus relaciones sexuales. De alguna forma el argumento es que, por el simple hecho de tener relaciones con otro hombre, automáticamente no somos aptos para donar sangre en Colombia”, denunció Diego en Blu Radio.
Según los demandantes, en aquel lugar partían de la hipótesis de que todos los hombres homosexuales o las personas transgénero portaban consigo el virus del VIH. Calificaron la pregunta de discriminatoria y anticonstitucional.
“El mensaje anterior lo que decía es que básicamente el Estado estaba legitimando un actuar abiertamente discriminatorio y homofóbico, en él básicamente se reconocía que los sujetos homosexuales eran personas peligrosas para participar en procesos sociales, entre ellos la donación de sangre”, a Noticias Caracol.
El INS en diálogo con Infobae Colombia, confirmó que efectivamente se dio la eliminación de dicha pregunta, pero que podría volver a variar. “Existe un comité que revisa esos cuestionarios y los actualiza según las necesidad. No hay ninguna razón, es un sistema de mejoramiento continuo, se establecen revisiones periódicas y se hacen los ajustes. [La revisión] es rutinaria, periódica”, dio a conocer la institución de salud pública.
Pero este no es el único caso que se conoció por la discriminación por la pregunta, en agosto de 2021, Daniel Castellanos denunció, a través de su cuenta de Twitter, que por tercera vez, no pudo donar sangre en Bogotá por su orientación sexual.
“Es la tercera vez que intento donar sangre y no me dejan por ser gay. Esto es discriminación. Llevé mi prueba de VIH negativa realizada ayer. Y el único sustento es que por ser gay hay mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Acaso las ETS son exclusivas de la población LGBTIQ+?”, cuestionó en su momento Castellanos.