En la tarde del lunes 20 de marzo se conocieron de dos nuevos casos de interrupción a las labores de la fuerza pública por parte de la comunidad. Ambos hechos ocurrieron en Cauca y, prácticamente, de manera simultánea.
De acuerdo con las primeras versiones, las autoridades intentaron capturar a un hombre que transportaba cerca de una tonelada de marihuana en un vehículo particular. Sin embargo, la comunidad impidió que la detención se llevara a cabo y tampoco permitieron incautar la droga detectada.
Asimismo, los uniformados habrían sido expulsados en una asonada liderada por habitantes de esta zona. Por su parte, en el corregimiento Hueisitó de El Tambo, tropas del Ejército Nacional no pudieron completar sus labores de patrullaje, pues integrantes de la guardia campesina lo impidieron bajo el argumento de que querían evitar enfrentamientos con grupos armados ilegales.
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En ese orden, también afirmaron que no querían que, producto de dichas confrontaciones, civiles pudieran salir heridos. Por ello, los soldados fueron conducidos hacia el corregimiento Crucero de Pandiguando, del mismo municipio.
Sobre estas dos acciones, el personero municipal Luis Fernando Vergara anunció que junto con la Secretaría de Gobierno de El Tambo realizarán una misión humanitaria para intervenir en la liberación de los soldados que quedaron retenidos en esa zona y así garantizar el respeto por los derechos humanos.
Sumado a eso, el secretario de Gobierno de Cauca, Diego Aguilar, detalló que ambos hechos se registraron “en un amplio contexto de economías ilegales, situación que hace necesario adelantar acciones de intervención integral de los territorios” como una alternativa para mitigar la violencia en esa región del suroccidente colombiano.
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Ambas acciones también se registraron dentro del anuncio del presidente Petro de levantar el cese al fuego con el Clan del Golfo, permitiendo así que la fuerza pública enfrente a esta estructura ilegal por la vía armada.
El anuncio del jefe de Estado se produjo en la noche del domingo 19 de marzo, luego de varias acciones armadas lideradas por esa estructura ilegal contra la fuerza pública y civiles. Dos de las más recientes ocurrieron, justamente, el domingo 19 y lunes 20, ambas en Antioquia.
En una primera acción, fueron quemados cuatro vehículos de carga y dos buses más de transporte público en la Troncal de Occidente, entre los municipios Valdivia y Caucasia. Sumado a eso, se presentaron hostigamientos con fusil en ese sector. El gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, fue uno de los primeros en denunciar y rechazar ese hecho.
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El domingo 20, horas antes de la llegada del presidente Petro a Caucasia para liderar un consejo de seguridad en ese municipio se presentó otro hostigamiento con fusil en la vía Tarazá-Valdivia.
Después del consejo, el jefe de Estado rechazó dichos actos de violencia y reiteró que tanto el Ejército Nacional como la Policía tienen potestad para estar presentes en esta zona del país.
“La fuerza pública tiene hoy la orden, en todas sus armas, de copar el territorio y no abandonarlo; incluso extender esa actividad al conjunto del noroeste colombiano”, enfatizó el presidente. También dijo que el Clan del Golfo ha instrumentalizado a la población para salvar intereses ajenos a los que representan a la pequeña minería; es decir, “la gran minería ilegal”.
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Por otra parte, enfatizó en que el gobierno no está contra la pequeña actividad minera y propuso la construcción de un distrito para el desarrollo de esta actividad. También convocó la Cumbre Nacional Minera y a un censo de la maquinaria para la formalización de la actividad minera pequeña “incluso con titulación, de ser posible”.
“El Estado tiene una alianza con la pequeña producción —minera— para que pueda tener un espacio en Colombia”, sostuvo el presidente después del consejo de seguridad.