Un ultimátum recibió más de 200 familias integrantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —Etcr— Mariana Páez, ubicado en el municipio Mesetas, Meta: si no abandonan este territorio sus vidas pueden correr peligro. Esa fue la advertencia hecha por grupos armados ilegales, entre ellos actores residuales de la extinta guerrilla sobre quienes decidieron acogerse al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.
El viernes 17 de marzo, el partido Comunes y la oficina del alto comisionado para la Paz notificaron a través de sus representantes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, que estos excombatientes no tendrán otra salida que abandonar el espacio consolidado en la vereda Buenavista.
De hecho, estos mismos firmantes advirtieron, a través de un pronunciamiento, que esta situación de desplazamiento generará una pérdida total de sus proyectos productivos, como la elaboración de panela a través de la siembra y cosecha de caña, la recolección y transformación del café, el turismo comunitario, y dos iniciativas más relacionadas con la ganadería.
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Ante este duro golpe a la implementación del Acuerdo Final de Paz, diferentes voces se pronunciaron rechazando este ultimátum de las disidencias. Los propios integrantes de dicho espacio le hicieron un llamado al Gobierno nacional para que realizara las acciones pertinentes que no generen este desplazamiento. También el senador Iván Cepeda invitó a tomar “medidas urgentes” para evitar el desplazamiento.
Rodrigo Londoño, máximo dirigente del partido Comunes, le dijo al presidente Gustavo Petro que el Estado Mayor Central, grupo con el cual el gobierno actual quiere consolidar la Paz Total, han tomado como “blanco de sus acciones” no solo a los excombatientes del ETCR de Mesetas, sino también a quienes están cumpliéndole al Acuerdo en los espacios de Carrizal y Remedios, en Antioquia.
“La acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la Paz Total han apropiado el deseo de hacer trizas el Acuerdo de Paz”, manifestó Londoño, quien también aseguró que han buscado un espacio de diálogo con el jefe de Estado de manera fallida, a fin de expresar sus inquietudes y sugerencias para la implementación del Acuerdo firmado en 2016.
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Más allá de esos llamados, es inminente la salida de los reinsertados que están en el espacio de reincorporación en Meta, pues las amenazas no son nuevas y tampoco la falta de implementación. En diálogo con Colombia+20, de El Espectador, el líder del ETCR Manuela Páez, William Betancur, dijo que durante el gobierno de Iván Duque no se legalizó la tenencia de la tierra y que a ello se suman las constantes amenazas.
Incluso, afirmó que ya han sufrido dos grandes desplazamientos en El Diamante y El Yarí, también en Meta. En ese sentido, sentenció que “esta amenaza es un hecho real”. Además, Luz Marina Giraldo, otra exintegrante de las Farc en proceso de reincorporación, sostuvo en La W que las consecuencias de los hechos violentos contra la implementación del Acuerdo Final recaen sobre los hijos de los excombatientes, quienes tienen que ver constantemente las muertes de cercanos y familiares.
Milena Reyes, firmante del Acuerdo de Paz de 2016 sentenció, por su parte, que a esta problemática de desplazamiento de suma el hecho de que en épocas electorales los asesinatos contra líderes sociales y exguerrilleros en fase de reincorporación aumentan. “Es importante que el Gobierno intervenga para que no se sigan vulnerando los derechos de los firmantes”, expresó también a través de un pronunciamiento.
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La oficina del alto comisionado para la Paz dio a conocer que los excombatientes del ETCR Manuela Páez deben ser reubicados pese a que el propio Danilo Rueda dijo que la administración Petro no iba a permitir que estos sujetos sean desplazados. Para ello, fue creada desde esta entidad un protocolo de salida de este territorio.