El domingo 19 de marzo se reportó de la muerte violenta de Ruby Eliana Mestizo, una joven comunera indígena, en Santander de Quilichao. Con el deceso de la joven de 22 años, Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) reportó que, en lo que va del 2023, en el país, se han asesinado a 30 líderes sociales. Así mismo, se asesinaron a cinco excombatientes de la desaparecida guerrilla de las FARC y firmantes del acuerdo de paz.
Dentro de la información expuesta por esa entidad, cinco personas eran indígenas; siete eran líderes comunales; tres eran campesinos; dos eran líderes de la comunidad LGBTIQ+ y un ciudadano afrodescendiente. Dentro de las demás clasificaciones de ‘calidad’ que expone Indepaz están dos sindicalistas; siete cívicos y uno cultural.
Paralelo a ello, la entidad reportó que para el tercer mes del año en curso se han contabilizado 24 masacres. La última de ellas ocurrió en Barranquilla, en el Atlántico, cuando cinco víctimas recibieron impactos de bala que terminaron con sus vidas.
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Es de destacar que, en uno de los más recientes reportes de Naciones Unidas, en el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reveló que la violencia en Colombia ha venido aumentando. En palabras de a Juliette De Rivero, y teniendo en cuenta lo ocurrido en el año 2022, ‘la violencia en Colombia está empeorando’.
Según De Rivero, la ONU, durante el año pasado, recibió 256 denuncias de homicidio de personas defensoras de Derechos Humanos, de los cuales 116 casos fueron verificados y 140 no fueron concluyentes. En el 2021 fueron verificados 100 casos, mientras que en el 2020 fueron 94. El 45% de los casos verificados de homicidios contra personas defensoras de los derechos humanos, destacó la funcionaria, corresponde a integrantes de Juntas de Acción Comunales.
En lo que respecta a masacres, durante el año 2022, se verificaron 92 casos y 34 no fueron concluyentes. De esos 92 casos resultaron como víctimas 321 personas, del total, 270 fueron hombres; 30 mujeres; 14 niños y siete niñas. “El informe denota la situación en territorio, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se viven en territorios en Colombia, como el asesinato de defensores, y el Gobierno ha tenido la apertura de aceptar ese diagnóstico”, comentó, en su momento, Juliette De Rivero.
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La ONU, además, reportó que en lo que respecta a desplazamientos hubo 82.862 casos de personas que tuvieron que salir de sus hogares. Mientras que el 19% de las víctimas fueron niños y niñas, 65% fueron indígenas y afrodescendientes. Así mismo, para el año 2022, 102.395 personas fueron confinadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El 70% de víctimas de este tipo de actos violentos fueron indígenas y afros.
De acuerdo con lo que dijo de las cifras Juliette De Rivero, los resultados reflejan que “situación está empeorando y esto se debe a que en el momento en el que se pudo haber ocupado el territorio por parte del Estado no se hizo a tiempo”. Es por esto, comentó la funcionaria, que desde la Oficina se insiste en la necesidad de que “el Estado llegue con toda su institucionalidad a estos territorios que han sido históricamente abandonados y donde los grupos armados han podido instalarse”.
“El Estado tiene que dar respuestas en términos de desarrollo y en términos de legalidad para lo que es esencial la implementación del Acuerdo de Paz y las nuevas oportunidades que genera la paz total (...) Los grupos armados ejercen mucha violencia contra la juventud, contra la niñez y contra las mujeres, la guerra se juega en el cuerpo de las mujeres, por lo que la ONU considera muy importante atender esas situaciones en territorio”, añadió.
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