La semana pasada se presentó un episodio de orden público en San Vicente del Caguán, Caquetá que creo múltiples críticas y dejó entrevisto la deslegitimación de la fuerza pública en el país. En los hechos registrados el 2 de marzo, fueron secuestradas un promedio de 70 personas entre policías y contratistas de una empresa petrolera por un grupo de campesinos, como saldo quedó un uniformado y un civil muertos.
Una de las que más ha manifestado su indignación con el hecho mediante sus redes sociales y ha extendido su apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, es la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que pasado unos días del secuestro de los uniformados y los civiles por parte de las comunidades campesinas y que se presume habría sido con ayuda de los disidentes del las extintas Farc, anunció que interpuso una demanda penal contra los campesinos implicados en los hechos, pues considera que en lo ocurrido se cometieron varios crímenes.
En esta misma línea, una de las caras más visibles del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez añadió que los hechos no fueron perpetrados por la guardia campesina, sino que detrás estarían miembros de grupos armados, pues además, de las investigaciones habría video que mostrarían algunos infiltrados en la comunidad de San Vicente del Caguán que estaría exigiendo la construcción de una carretera que une a este municipio con la vereda Los Pozos, indemnizaciones ambientales por parte de la empresa petrolera de la zona, entre otros asuntos.
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“Para exigirle al relator de derechos humanos que revise, así como la ONU, se supone que está interviniendo para ver qué clase de métodos de forma lucha están usando, aquí, disfrazando a milicianos guerrilleros y salvajes de campesinos. Esto no es ninguna guardia campesina, esto es una milicia entrenada para asesinar”, señaló Cabal.
Sumado, la congresista recordó las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, donde aseguró que lo ocurrido no fue un secuestro, sino un cerco humanitario para “impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”; y aclaró que desde su punto de vista lo dicho por el funcionario del Gobierno Petro fue irresponsable y por tal motivo, al igual que el ministro de Defensa, Iván Velásquez que no atendió diligentemente el hecho deben ser llamados a un debate de control político.