El pasado 2 de marzo se presentó un episodio de orden público en San Vicente del Caguán, Caquetá que creo múltiples críticas y dejó entrevisto la deslegitimación de la fuerza pública en el país. En los hechos fueron secuestradas un promedio de 70 personas entre policías y contratistas de una empresa petrolera por un grupo de campesinos, como saldo quedó un uniformado y un civil muertos. Además, ha salido a la luz que las investigaciones muestran la posibilidad que en este colectivo se hallan infiltrados miembros de las disidencias de las extintas Farc.
Debido a la gravedad de los hechos, las entidades correspondientes han anunciado la intervención necesaria en el tema, en el caso de la Fiscalía General de la Nación encabezada por Francisco Barbosa, anotó que se abrirán las respectivas investigaciones, incluso, contra el mismo Ejército y la Policía por un hecho de omisión.
En este sentido, el fiscal general hizo énfasis en que las instituciones de la Fuerza Pública tiene un mandato y que de ninguna forma puede ser incumplido. Un punto en común con la procuradora Margarita Cabello, que señaló que tanto el Gobierno como la policía no atendieron la situación de forma eficiente y rápida que posiblemente se habría podido evitar.
Barbosa, además, mencionó que esta situación es preocupante, pues no se puede permitir que a la institución que mora por la seguridad le pasen este tipo de actos de violencia: “No podemos permitir que existan hoy ni acciones de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública ni acciones omisivas del alto mando en caso de que se presenten hechos criminales. Por eso tenemos todos los equipos y es una tarea que le he encomendado a la señora vicefiscal general de la Nación”.
Finalmente, comentó que de encontrar que algún miembro de la Fuerza Pública incumplió con su mandato y no moró por los derechos de sus compañeros, deberá asumir las consecuencias jurídicas de esto.
Por su parte, Cabello aseguró que se encuentran estudiando no solo investigar a las instituciones de fuerza pública, sino también al ministro del Interior, Alfonso Prada: “Desde comienzos de febrero (La Procuraduría advirtió la situación). Y si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social (Lilia Clemencia Solano Ramírez), hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos. Estamos estudiando la posibilidad de abrir una investigación contra el ministro y la viceministra por no haber actuado a tiempo. Y contra la policía por la posible omisión de los llamados de quienes estaban siendo atacados por los campesinos”.