Sin previo aviso, la aerolínea ‘low cost’ Viva Air suspendió sus operaciones en la mañana del 28 de febrero, dejando a miles de pasajeros varados en aeropuertos nacionales e internacionales a la espera de saber lo que pasará con sus tiquetes. Este fue el resultado de una crisis económica de varios meses, en la que la compañía había advertido del riesgo de no poder seguir operando y de su supuesta necesidad de fusionarse con Avianca para sobrevivir.
De todas formas, había iniciado un Proceso de Recuperación Empresarial (PRE) “con el fin de reestructurar sus deudas a través de una negociación con sus acreedores principales para seguir operando bajo condiciones sostenibles que garanticen la continuidad de la empresa”, indicó en un comunicado.
Pero, la aerolínea no habría renegociado todas sus deudas. Los pasivos de Viva Air, certificados por la revisora fiscal Kpmg, ascendían a $4,07 billones de pesos. No obstante, según informó el diario La República, la compañía solo habría incorporado a su proceso de recuperación $738.200 millones, es decir, el 18,1% de su deuda total, dejando afuera $3,3 billones de pesos.
La aerolínea low cost viene arrastrando una crisis económica desde la pandemia, y a pesar de haberse recuperado durante 2021, factores como el alza del dólar y la guerra en Ucrania, que encareció el precio del combustible, agravaron sus problemas económicos. Por eso, había apuntado a su fusión con Avianca para no desaparecer.
No obstante, la Aeronáutica Civil no permitió esta medida, aduciendo una vulneración a la libre competencia, puesto que entre ambas acapararían el 60% del mercado, y aseguró que la aerolínea pudo haber buscado otras soluciones, como préstamos o búsqueda de inversión para garantizar la continuidad de su operación.
A pesar de ello, tanto Avianca como Viva han señalado que la crisis de la aerolínea low cost no se ha podido resolver porque la Aeronáutica no ha permitido la fusión.
“El hecho de que Viva no negociara con todos los acreedores es un síntoma de que está más interesada en ser adquirida por Avianca que en recuperarse por otros medios. Hay mecanismos jurídicos que pudieron evitar la suspensión de operaciones”, fue una interpretación que hizo Diego Márquez, abogado con magíster en derecho empresarial y director del bufete MQA, para el diario La República.
Viva Air suspendió sus operaciones súbitamente solo unas horas después de que la Aeronáutica Civil autorizara el ingreso de otras aerolíneas como terceras competidoras contra Avianca en el proceso de integración.
Por esta decisión, la Superintendencia de Transporte anunció la apertura de las investigaciones pertinentes y además le solicitó a la compañía garantizar los derechos de los usuarios con las acciones previstas en la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento de información a los usuarios y contratos de transporte.
Entretanto, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Perú (país con muchos afectados por la suspensión de operaciones de Viva) anunció que iniciará un proceso administrativo en contra de la aerolínea por el incumplimiento del servicio de cobertura de rutas.
Por su parte, los trabajadores de Viva interpusieron una demanda de acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se ordene la integración de la compañía con Avianca y evitar así que se pierdan más de 1.250 empleos directos y 5.000 indirectos. En esa acción judicial se adjuntó una solicitud de medidas cautelares en la que se reclama la protección de los derechos de los trabajadores
“Presentamos solicitud de medida cautelar de urgencia para prevenir un daño inminente a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, y al derecho al trabajo, por las acciones y omisiones de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil”, dice la demanda.