A mediados de febrero se dio a conocer el decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad de regular los precios de los servicios públicos, que fue firmado por su gabinete. Es importante mencionar que esta labor no la tenía un mandatario nacional desde 1994, año en que la responsabilidad fue dada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Pese a que el documento solo lo faculta durante tres meses, la decisión ha generado revuelo en algunos sectores que lo consideran riesgos y un retroceso. Este es el caso del exministro Rudolf Hommes que mediante sus redes sociales aseveró contra el primer mandatario señalando, incluso, que no sabía como sería el panorama, sino que no hubiera votado por Gustavo Petro en las presidenciales.
Hommes dejó plasmado su descontento en la Twitter, donde mediante dos trinos señaló que con haber pasado esa función en su momento a entidades diferentes al ejecutivo se logró avanzar de forma positiva, incluso, tocó hasta el tema de la cobertura de la salud. En esta línea, el presidente le respondió y mencionó que la decisión se tomó por qué el modelo no funciona.
y agregó si se continúa así podrían darse problemas futuros con el funcionamiento de estos servicios:
Tras los argumentos de Hommes, Gustavo Petro se pronunció y aseguró que no es cierto que existe cobertura tan alta en los servicios básicos en todo el territorio nacional y que el modelo de regulación que lleva 29 años ya no está dando resultados.
Es importante añadir que en otros sectores, también, se ha generado incertidumbre con las consecuencias que puede tener esta decisión en temas económicos, por ejemplo, hace unos días, el vicepresidente de Crédito de Moody’s Investors Service, Adrián Garza, afirmó que el nuevo decreto podría retrasar nuevas inversiones en al interior del país, ya que estas facultades son usados en ambientes de alta inflación, pero así mismo, no tiene una incidencia positiva, pues, pone a los sectores financieros en alerta.
“Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”, subrayó el vicepresidente de crédito de Moody’s Investors Service.