Acolgén, Asocodis, SER Colombia, Andesco, Andi, Andeg y la Cámara Colombiana de la Energía solicitaron al Gobierno nacional reforzar la seguridad a las empresas en La Guajira ante los bloqueos presentados en los últimos días.
De igual forma, precisaron que es importante el acompañamiento y apoyo constante de este hacia las empresas y sus contratistas para proteger la integridad de los trabajadores y el adecuado desarrollo de los proyectos que se ejecutan.
Lo hicieron por medio de una carta en la que expresaron que este es un trabajo conjunto de diferentes sectores y entidades y, por lo tanto, propusieron retomar la Mesa de Alto Nivel que se tenía.
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En la carta aseguraron que el departamento de La Guajira se convirtió en el epicentro de la transición energética en el país, a partir del desarrollo de proyectos de energías renovables que incorporarán más de 2.500 megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional, aportando a la atención de la creciente demanda de energía del país.
Sin embargo, advirtieron que los eventos sociales y bloqueos que vienen ocurriendo últimamente en esta región retrasan de manera considerable los cronogramas de construcción y desarrollo de estos proyectos, los cuales requieren una atención especial de todas las autoridades y agentes involucrados.
Así las cosas, anotaron que es fundamental tener en cuenta que el adecuado desarrollo de estos proyectos, así como la futura permanencia y el desarrollo de nuevas iniciativas en este departamento.
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Diversos impactos
Además, dejaron entrever que estos tienen diversos impactos, que son los siguientes:
• Contribuyen al desarrollo y crecimiento del departamento en relación con las iniciativas sociales, empleabilidad de mano de obra y dinamización de la economía local.
• Aportan avances en el proceso de transición energética justa, del cual, como ya lo mencionamos estos proyectos son fundamentales.
• Su suspensión o atraso puede resultar en riesgos de desabastecimiento de energía eléctrica en el año 2027, pues implica un desbalance en la matriz de generación eléctrica, por la no entrada en operación oportuna de proyectos que representan el 12% de la capacidad disponible que se prevé para ese año.
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• Adicionalmente, frente a la suspensión de los proyectos también se suspende el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los procesos consultivos que se han llevado a cabo con las comunidades y sobre los cuales las empresas están dispuestas a seguir avanzando.
A los puntos anteriores, sumaron el Artículo 188 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que busca aumentar las transferencias del 1% al 6%, generando un desincentivo a los inversionistas, que ya vienen siendo impactados por las barreras que presenta el desarrollo de estos proyectos.
Más de 160 conflictos ambientales
En Colombia hay más de 160 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura, denunció 21 de febrero un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que alerta que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 712 líderes ambientales.
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Los conflictos socio ambientales “han escalado ostensiblemente en las últimas décadas” en Colombia, apunta el informe, que también alerta que “las comunidades rurales suelen ser las más perjudicadas”.
Los territorios más afectados por estos conflictos son los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, La Guajira y Tolima, donde “no se han resuelto los conflictos de una manera pacífica y dialogada, sino por medio de una manera violenta y agresiva en contra de las mismas comunidades”, agregó González.
En este sentido, la gran mayoría de los conflictos suceden en la zona norte del país y el Caribe, en palabras del coordinador de Indepaz
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