La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, visitó a la comunidad de Calamar, Guaviare, para hablar sobre el problema de la deforestación y le declaró “la guerra” a lo que denominó los terratenientes fantasmas. La jefe de cartera explicó que estas personas han comprado ilegalmente tierras pertenecientes a la nación, especialmente las de reserva forestal.
“Acaparar esos lotes, quemarlos y apropiarlos y poner ganadería es un acto no solamente ilícito, sino que le están robando todo el patrimonio a los colombianos”, expuso Muhamad en el evento. La ministra aclaró que existe una diferencia entre los campesinos y las Juntas de Acción Comunal (JAC) —que han estado en esas reservas por generaciones— y esos terratenientes fantasmas.
La jefe de cartera le solicitó a la Fiscalía General de la Nación hacerle seguimiento a las grandes inversiones para así identificar a quienes están afectando esos territorios. “La instrucción fue muy clara en el consejo contra la deforestación y delitos ambientales”, aseveró la funcionaria en el municipio y reiteró que esa medida dejará de poner el ojo de la justicia sobre los campesinos.
Para Muhamad, no le sirve de nada “un campesino y llevarlo ante las autoridades si yo no sé de dónde salen los grandes capitales”. Esto teniendo en cuenta que quiénes están detrás de esas inversiones “son los dueños de las grandes operaciones de deforestación”.
El acuerdo social para poner fin a la deforestación en el Guaviare
En la visita a Calamar, la ministra firmó un acuerdo junto con las comunidades del municipio para adherirse oficialmente a la declaración de Cartagena del Chairá. De acuerdo con esta cartera, el documento busca lograr un trabajo conjunto con el Gobierno nacional, “para hacer de la selva el componente principal de diseño, protección, conservación y uso del territorio”.
“Este acuerdo propende por el cuidado de la selva, el reconocimiento de los saberes ancestrales, las prácticas”, precisó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Eso sería posible si se potencia la articulación entre comunidades, organizaciones, instituciones públicas y privadas, entre otros, “con el fin de salvaguardar la vida en el planeta”.
Ese enfoque comunitario posicionó a las organizaciones como un gestor de cambio, tanto así que, durante el encuentro, la población se sintió escuchada. “Esta declaración cobija algo con lo que nos sentimos identificados”, indicó Sandra Aranda, presidente de la Asociación de Juntas de Calamar, y reiteró su compromiso de trabajar para frenar la deforestación.
Aranda destacó la presencia de Muhamad en el municipio, “después de 23 años de que un ministro no venga”. La lideresa manifestó que, “nosotros estábamos abandonados y esto sería muy interesante que se replicara en otros departamentos, en otros municipios, para que entre todos podamos detener y controlar la deforestación.
El propósito en el fondo consiste en coordinar acciones para “respetar, proteger, defender, conservar, recuperar y revitalizar la Amazonía colombiana”, detalló el ministerio. Por su parte, Sandra Aranda puntualizó que para lograr detener la problemática es necesario tener “una inversión socioambiental”.
Ese acuerdo fue suscrito por los coordinadores de los núcleos comunales, y presidentes de las JAC, Asojuntas, núcleos de desarrollo forestal, mesas de concertación y diálogo, y organizaciones campesinas y étnicas que se reunieron en Calamar.
“Con esta importante noticia para la región, se cierra una cruzada contra la deforestación en los departamentos del Caquetá y Guaviare”, resaltó la cartera en un comunicado. Seguido a ello, precisó cuáles han sido dos de los resultados de ese trabajo conjunto.
Uno de ellos es la conformación de la asociación para el manejo forestal sostenible Nueva Ilusión. “Beneficiará a 148 familias en 30.000 hectáreas y que contarán con el permiso asociativo y un centro de transformación para el manejo y aprovechamiento del bosque como forma de conservación”, sostuvo el ministerio.
El otro corresponde el lanzamiento oficial de la planta Sacja Inchi en San José del Guaviare. En ese caso, los que recibirán el beneficio serán las organizaciones Asoproagro y Ascatragua, que reúnen más de 120 familias. Según la entidad, ellos ven esa planta amazónica como “una alternativa económica que han permitido que más de 2.000 hectáreas de bosque se salven de la deforestación”.