De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con corte al 2022, en Colombia se destinan anualmente más de 3 billones de pesos al año para solventar los gastos de las personas privadas de la libertad en las 128 cárceles que están bajo la supervisión de esta entidad.
En el costo de mantenimiento global anual se incluye la alimentación como los servicios de salud y vigilancia, que son asumidos directamente por el Estado; puede tener una variación según las complicaciones médicas y requerimiento de cada persona privada de la Libertad (PPL).
Según las cifras de la cartera ministerial cada persona (hombre o mujer) estaría en un costo cercano de 2,5 millones de pesos al mes, en promedio, al año representara más de 31 millones de pesos.
De esta manera, el informe registró a 98.000 personas privadas de la libertad en el país y los gastos de cada uno de ellos le cuestan mensual al Estado más de 254.000 millones de pesos, lo que representa un monto superior a los 3,02 billones de pesos.
Por su parte, dentro de las estadísticas del documento se pudo evidenciar que el hacinamiento en el país, supera el rango nacional en algunas zonas. Por ejemplo en el regional noroeste: departamentos de Antioquia y Chocó, la capacidad es de 8.158, pero el total de reclusos llegó a 11.824, con un nivel de hacinamiento de 44,9%, el más alto de las divisiones.
Seguido del regional norte, que incluye departamentos como de la costa Caribe, como Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, el hacinamiento llega a 38,1%.
Para finalizar, se debe tener en cuenta que el sistema carcelario tiene una sobrepoblación de 16.613 personas con corte al 2022, lo que quiere decir que existe un hacinamiento de 20,6%, lo que representa, un sobrecosto para el Estado.
Cabe mencionar que, ene días pasados la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado a través del cual dio a conocer la formulación de un pliego de cargos en contra del exdirector operativo de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), William René Garzón Ramírez, por presuntas irregularidades en cerca de ocho contratos.
El Ministerio Público indicó que los acuerdos superan los $4.500 millones de pesos y declaró que: “no solamente se han puesto en riesgo los dineros públicos, sino que, además, se habría faltado al interés general que se persigue en la contratación adelantada, pues se habría dejado al garete lo que pudiera acontecer en el desarrollo de la obra en cuanto a la ejecución y calidad de la misma”.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, Garzón no habría supervisado de cerca estos contratos que tenía a cargo en función de vigilancia. Tales documentos tenían como objetivo la instalación, suministro, ejecución, mantenimiento y operación de sistemas residuales en el interior de varios centros penitenciarios.
“Se trata de los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios Acacias y Camis Acacias, San Andrés Islas, La Esperanza (Guaduas, Cundinamarca) La Dorada (Tolima), Puerto Triunfo, Calarcá (Quindío), Magangué (Bolívar), Escuela Penitenciaria Enrique Low Murtra (Funza, Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo y Cómbita (Boyacá)”, según dicta el documento.
El documento también señaló como “culpa gravísima” la ausencia de vigilancia e investigación por parte del exdirector, razón por la que tendrá que declarar ante la entidad.