Excombatientes de las antiguas Farc que se desligaron del partido Comunes denunciaron a través de una carta, con fecha del 4 de febrero, que no se les están aplicando todas las garantías de seguridad establecidas en los Acuerdos de Paz. Aseguraron que estas solo se aplicarían a quienes pertenecen al partido. “La politización clientelar de la seguridad es otra forma de incumplir lo firmado en medio de la crisis humanitaria que sufrimos quienes apostamos por la paz”, dice la misiva.
La dependencia encargada de proteger a los excombatientes es la subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que nació en 2017. En los acuerdos quedó estipulado que solo el movimiento político nacido de la firma de la paz, en este caso Comunes, sería el encargado de asignar su personal de confianza para los esquemas de protección.
Pero, con el paso de los años, empezaron a nacer diferencias entre los firmantes y muchos de ellos se desligaron del partido Comunes, sin que esto quiera decir que los que no pertenecen a ese movimiento sean disidentes, ni mucho menos que no necesitan protección.
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En septiembre pasado nacieron Avanzar y la Mesa Autónoma, conformadas por firmantes que no se sienten identificados con Comunes. Miembros de estas organizaciones denunciaron que se les ha excluido de los espacios en los que se deciden las medidas de seguridad y que no se están priorizando sus medidas de protección, lo cual deja en riesgo a los que están amenazados.
“Nosotros como organización sindical hemos denunciado irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad. Tres de nuestros compañeros asesinados tenían medidas de protección aprobadas por resolución, pero no sabemos por qué motivo no se implementaron. En otros casos hay gente que también tienen aprobadas las medidas desde hace un año u ocho meses y aún no las han implementado”, le dijo Víctor Osorio, presidente del Sindicato Memoria Viva, conformado por excombatientes que ahora trabajan como escoltas en la UNP, al diario El Espectador.
Pero, además de acaparar la protección para sí mismos, los miembros del partido Comunes estarían contratando a familiares y personas cercanas, con lo cual se asegurarían salarios de 2,3 millones de pesos, prestaciones de ley y viáticos cada que se necesite viajar.
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Augusto Rodríguez, director de la UNP, así lo confirmó. “Hay firmantes que confían más en que un hijo lo cuide a que lo cuide un tercero”, dijo, y aclaró que no hay nada que impida que esto suceda, según se lo manifestó el Departamento Administrativo de la Función Pública cuando él hizo la respectiva consulta una vez llegó a ocupar su cargo.
Además, manifestó que no tiene injerencia en la subdirección especializada de la UNP teniendo en cuenta que esta goza de autonomía por lo estipulado en los Acuerdos de Paz.
Benedicto De Jesús Gonzalez Montenegro, que ocupó la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes, aseguró que el movimiento Comunes solo congrega a 6.000 de los 13.000 firmantes de los acuerdos, por lo cual se pregunta quién representará a los que no pertenecen a ese partido.
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“Estamos pidiendo garantías de protección, pero también tener participación en los espacios de decisión”, dijo González Montenegro. El primero de estos espacios es la instancia de seguimiento de órdenes que dio la Corte Constitucional al declarar el pasado 27 de enero que existe una violación masiva del Acuerdo de Paz en cuanto a garantías seguridad para los exintegrantes de las Farc al regresar a la vida civil, por lo que instó al Estado colombiano a intervenir.
El segundo espacio es la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, conformada por cinco integrantes del Gobierno Nacional y cinco integrantes del Partido Comunes.
Actualmente, hay alrededor de 923 exguerrilleros de las Farc que cuentan con esquemas de protección, para lo cual se emplean a unos 2.257 escoltas. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, 348 excombatientes de esa guerrilla han sido asesinados.
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