El 7 de febrero de 2003 las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia detonaron un carro bomba cargado con 200 kilos de explosivos en los parqueaderos del Club El Nogal, en pleno centro de Bogotá. El saldo de la tragedia ascendió a 36 muertos, 198 heridos y la destrucción del edificio, que se cubrió con una inmensa bandera de Colombia los días siguientes al ataque, como símbolo del repudio al acto terrorista.
El ataque contra El Nogal es uno de los más investigados por parte de las autoridades colombianas debido a su relevancia y el alto número de víctimas que dejó. Una de las claridades frente al triste suceso es que este se perpetró por parte de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque en un principio los líderes de la organización negaron su participación.
Tras irse conociendo detalles se estableció que entre los fallecidos estaba Oswaldo Arellán, quien ingresó un carro con los 200 kilos de explosivos, así como su hermano el instructor de squash, Jhon Fredy Arellán. Sus muertes llevaron a la detención de sus parientes de Hermínsul y Fernando Arellán, que estructuraron el atentado terrorista bajo la orden de Darío Velásquez alias ‘El Paisa’, ex jefe de la columna Móvil Teófilo Forero.
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Los hermanos Hermínsul y Fernando fueron condenados a 40 años en centro penitenciario, pero en el 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Santos se sometieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acceder a beneficios jurídicos a cambio de entregar información que esclarezca el atentado.
Ahora, los expedientes y los informes de las víctimas se suman al Caso 010 Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto colombiano.
La magistrada Julieta Lemaitre, una de las que lleva este macro caso, explicó que es uno de los hechos priorizados. Cuenta que analizan y sistematizan los informes recibidos, entre ellos el de Bertha Fríes, una de las víctimas del atentado. Dos de los tres patrones criminales de las FARC identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz tienen que ver con ataques como el sufrido en El Nogal.
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‘‘El reconocimiento de responsabilidad y los expedientes nos indica que participó la Teófilo Forero, que no es propiamente una estructura urbana, sino que funcionaba en las ciudades y en lo rural”, mencionó Julieta Lemaitre en entrevista con El Espectador.
Aunque se conoce los nombres de los autores materiales del caso, todavía varios datos quedan de interrogante. En los días que precedieron al ataque se supo en medios de comunicación que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pretendían atacar a 35 clubes del norte de la ciudad, por lo que hay denuncias contra el Estado por no haber protegido suficientemente el lugar.
“Hay expedientes y una demanda de justicia de las víctimas con preguntas que quedan pendientes”, agregó la magistrada. Para algunas de ellas, que se han acercado a la Jurisdicción Especial para la Paz, aún falta por saber si había infiltrados en El Nogal y si, como han dicho las extintas FARC, allí se reunían paramilitares con funcionarios del Gobierno.
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En relación el Informe de la Comisión de la Verdad logró agrupar versiones, pero aclaró que no tenía pruebas de ello. “Esta versión la han recogido algunos sobrevivientes. Una de ellas le dijo a la Comisión de la Verdad que ahí se encontraban todos los jugadores, ese era como el campo de batalla, FARC-EP, AUC y Estado, todos los jugadores estaban ahí, estaban jugando y nosotros estábamos sirviendo casi de pelotas ahí para todo el mundo”, apartes de una entrevista a una de las víctimas ante el organismo.
Frente a esta aseveración públicamente, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, dijo que jamás se reunió en El Nogal con funcionarios del Estado. La Comisión de la Verdad aclaró que aunque la aseveración fuera correcta, no se justifica una acción terrorista indiscriminada de tal magnitud.