Mientras se adelanta la construcción del mecanismo de sometimiento para los miembros de grupos criminales y los diálogos con alzados en armas, han surgido rumores de supuestos beneficios penitenciarios y judiciales a presos. Estos, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estarían asociados a engaños y estafas de abogados que han utilizado la Paz Total para sacar beneficios económicos ilegales.
La dependencia dirigida por Danilo Rueda denunció ante la Fiscalía General de la Nación las prácticas corruptas que han conocido y que se estaría cometiendo en suplantación de una de las políticas centrales del Gobierno nacional y que además estaría contribuyendo a deshonrar los proceso.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, señaló la OACP.
Estas personas se habrían presentado en las cárceles con supuestas facultades de la ley de Paz Total, dicen tener relaciones con funcionarios del Alto Comisionado, para ofrecer beneficios que no hacen parte de la política nacional para engañar a incautos.
“Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total”, señaló la Oficina del Alto Comisionado.
Por esa razón, se denunció el hecho ante las autoridades y se solicitó que se aceleren los procesos de investigación porque estarían causando problemas en los acercamientos que se proponen. “Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación”, agregó la OACP.
Advirtieron que las decisiones que se adopten en el acercamiento con los grupos armados estarán apegado a la Constitución y la Ley, así como a los protocolos establecidos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Además, que los funcionarios que trabajan en esa política son experimentados y cuentan con controles eficaces para prevenir actuaciones indebidas.
“Reiteramos que, en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta. La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional”, agregó el alto Comisionado.
Desde esa instancia presidencial reconocen que mientras consolidan el proceso seguirán enfrentando “intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz”. Pero confían en las garantías de los poderes públicos para garantizar los procesos.
El fiscal Francisco Barbosa citó al comisionado de Paz, Danilo Rueda, para consultarlo por denuncias similares que ha recibido, sobre supuestos pagos a narcotraficantes para que ingresen a la Paz Total. Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, también denunció que su nombre estaba siendo utilizado en esos falsos ofrecimientos, por lo que también fue citado por el jefe del ente investigador.
Barbosa ha planteado varios reparos a los acercamientos con los grupos delincuenciales y narcotraficantes. El fiscal también aseguró, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro al respecto, que avanzan en investigaciones de las denuncias de presuntos saboteos a los procesos, como fue puesto en conocimiento por la OACP