A través de un comunicado, se presentó lo que sería el primer borrador del proyecto de ley que propone resocializar a personas privadas de su libertad y restablecer el derecho a las víctimas.
Para socializar la iniciativa, Néstor Osuna, ministro de Justicia, expuso a través de una sesión virtual con los alcaldes del país y gobernadores, las bases del proyecto de reincorporación social de condenados a partir de principios de justicia restaurativa. El principal objetivo, mencionó, es “evitar la reincidencia”.
Osuna dijo: “El proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad”.
El funcionario señaló que la persona que esté privada de la libertad, podrá reincorporarse a la sociedad de manera progresiva, siempre y cuando tenga una buena conducta dentro de las instalaciones de reclusión. A través de este mecanismo, podrá obtener los permisos necesarios para continuar su proceso con órdenes que serán otorgadas por jueces únicamente.
Así, si la persona que está condenada cumple con los requisitos, podrá recibir permisos de manera progresiva hasta llegar al final de la pena establecida. Sin embargo, en caso de incumplirlo, se cerrarán las posibilidades de acceder a los permisos.
Beneficios del proyecto
Entre los principales beneficios que traería la medida, están: responder a los derechos de las víctimas, quienes hasta ahora no habían tenido participación, reducir los costos del sistema penitenciario y aumentar la seguridad para los ciudadanos, pues se busca bajar los índices de reincidencia a partir de la experiencia de cada condenado para evitar que vuelva a cometer delitos.
Por otro lado, el documento también señala la intención de que el tiempo en el que esté la persona privada de la libertad, sea también un período productivo para la sociedad y para él. De esta manera, espera que aporten al desarrollo del país.
Casos especiales del proyecto de resocialización
Osuna señaló que no podrán solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, así como tampoco la detención domiciliaria como opciones a la prisión todos aquellos condenados que hayan sido detenidos por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En esta categoría, tampoco podrán solicitar la suspensión las personas que hayan sido condenadas por acciones contra personas y bienes que estén protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
También quedarán exentos los condenados por violaciones a los derechos humanos, delitos de criminalidad organizada, delitos graves de seguridad y delitos contra la administración pública. La medida tampoco considerará a personas condenadas por casos de hurto con violencia en personas, atracos que suponen un riesgo contra la ciudadanía y extorsión.
Los condenados también podrán tener acceso a permisos de prisión abierta, siempre que hayan cumplido una parte significativa de la pena. También aplica para personas que estén próximas a recuperar su libertad.
Incumplimiento de los acuerdos
El documento también señala que la persona que no cumpla con los acuerdos señalados y los cuales le permitieron acceder a los permisos concedidos de cárcel abierta, tendrían que enfrentar un nuevo proceso penal bajo el caso de fuga de presos.
Desde el Ministerio de Justicia, el comunicado señala que “no es un proyecto para conceder rebaja masiva de penas. Tampoco es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones”.
De acuerdo con esta aclaración, el documento propone eliminar cargas al sistema judicial y así, hacer frente al déficit de acceso a la justicia y mejorar la capacidad de los sistemas penitenciarios del país.
Las bases del proyecto también tuvieron sus detractores, pues algunos políticos de oposición rechazan la medida y por su parte, insisten en que es necesario tomar acciones que le permitan al país aumentar la construcción de cárceles en el territorio colombiano. De esta manera, se podría solucionar la crisis de hacinamiento carcelario que se vive en las instalaciones.