Procuraduría fue clave en el rechazo del pedido de libertad de cuatro voceros de paz en Neiva

El Ministerio Público argumentó que no se cumplían los requisitos para ser acreditados como voceros de paz

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El pedido de libertad fue solicitado por el gobierno, con este se buscaba dejar en libertad a García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas. EFE/Ricardo Maldonado Rozo
El pedido de libertad fue solicitado por el gobierno, con este se buscaba dejar en libertad a García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

El 27 de enero de 2023, la jueza cuarta penal municipal con funciones para el control de garantías de Neiva le negó la libertad a cuatro miembros de la primera línea. La funcionaria se acogió a los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación.

El pedido fue hecho por el Gobierno Nacional y con este se buscaba dejar en libertad a García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas.

“Durante la audiencia pública, el Ministerio Público indicó que la solicitud de libertad no debería prosperar al considerar improcedente la suspensión de las órdenes de captura, que no se encontraban vigentes, y porque no se acreditó que los procesados hicieran parte de alguna organización social o humanitaria, como lo establece la ley 2272 de 2022″, aseguraron desde el Ministerio Público.

La juez de control de garantías de Neiva se acogió a estos mismos argumentos, pues señaló que “no se cumplieron la totalidad o requisitos para acreditar esas condiciones de voceros y, por tanto, existió un exceso y desbordamiento de quienes emitieron estas decisiones en el Ejecutivo”.

Al determinar la sentencia, la togada también negó la petición de la defensa que pretendía revocar la medida de aseguramiento, impuesta en la audiencia previa, en contra de los cuatro sentenciados, pues determinó que las condiciones que originaron el dictamen se mantienen vigentes.

Sobre los detenidos se conoce que Andrés Felipe Yara Vargas es conocido con el alias de Payaso, por su parte, Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel y Cristian Andrés Reyes Cuellar, fueron vinculados a investigaciones penales por actos de violencia y vandalismo en el marco del paro nacional de 2021.

Entre los delitos de los que son acusados se encuentran: concierto para delinquir y hurto agravado, obstrucción a la vía pública, hurto con arma de fuego, incineración de vehículos y de un CAI, entre otros.

Este sería un mensaje para Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, pues fue la persona que solicitó la suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento contra los integrantes de la primera línea de Huila.

Procuraduría advierte presuntas irregularidades en la liberación de dos jóvenes detenidos en protestas

El 27 de enero, el Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, también elevó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, pues en su concepto se cometieron irregularidades en el proceso de liberación de dos jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021.

“(...) La semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello”, expuso Cabello Blanco en diálogo con Noticias RCN. Sumado a eso, aclaró que deben ser procuradores delegados quienes se encarguen de hacer este procedimiento.

Según detalló, habría más anomalías que son investigadas por otras autoridades: en el folio firmado por Jairo Acosta, procurador delegado cinco con funciones mixtas en asuntos penales, son precisados dos hechos puntuales que son materia de investigación por parte de la Procuraduría.

La Procuraduría añadió que es necesaria una reorganización de los centros judiciales en el país, a fin de que esta entidad pueda cumplir con sus órdenes legales y constitucionales a la hora de interceder en procesos penales como los de los detenidos en protestas, que serán designados como voceros de paz.

Al final de la queja hizo un llamado a la magistratura para que mantenga el equilibrio de poderes “como el de la colaboración armónica interinstitucional que ello supone”.

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