El general en retiro Carlos Rodríguez González, señalado de intentar desviar la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, seguirá siendo investigado por su posible participación como cómplice en el crimen, pero lo hará desde la libertad.
La Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del alto oficial de la Policía que permanece en retiro, casi dos años después de haberlo citado a indagatoria, por petición de la Procuraduría General de la Nación, por un operativo que se realizó el 22 de agosto de1989 cuando Rodríguez González era teniente de la Dijín.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos resolvió la situación jurídica del general en retiro y determinó que deberá cumplir con medida no privativa de la libertad. Esto debido a que el caso se adelanta bajo el anterior sistema penal de la Ley 600 del 2000 en el que es competencia del ente acusador.
Pese a que no estará en prisión, el oficial no podrá salir del país y deberá mantener contempla disposición para atender todos los llamados judiciales, observar buena conducta, además del pago de una caución equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Fiscalía aclaró que en el caso de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio, el general (r) Rodríguez González seguirá vinculado a la investigación como posible cómplice, tanto en el caso del homicidio del candidato presidencial Galán Sarmiento, como del concejal de Soacha Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, además de las heridas que sufrió Pedro Nel Angulo Bonilla el 18 de agosto de 1989 en Soacha.
En el caso del delito de presunta desviación de la investigación, el ente acusador cuenta con pruebas de que cuando Rodríguez González era teniente de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, habría concertado con algunos grupos superiores para afectar el curso de la indagación por el magnicidio de Galán.
Además de como el 22 de agosto de 1989, lideró un operativo en el centro de Bogotá en el que fueron capturadas varias personas señaladas de participar en el crimen, las cuales posteriormente fueron declaradas inocentes e indemnizadas por el Estado. Este fue el hecho que el Ministerio Público solicitó investigar para determinar de dónde se obtuvo la información y si se trató de una forma para confundir a los funcionarios judiciales.
“Soportaron torturas e intimidaciones para que se declararan culpables y contaran todos los pormenores del atentado, y, bajo procedimientos cuestionables y actuaciones desbordadas por parte de la Policía, fueron señalados por falsos testigos”, había dicho el ente acusador durante la pasada audiencia.
Ese operativo se realizó en una oficia del edificio Las Vegas en las que fue capturado el farmaceuta Alberto Jubiz Hazbún, acusado como autor del magnicidio. La versión se dio por cierta pública y judicialmente por hasta cuatro años, a pesar de que las autoridades capturaron posteriormente a los verdaderos autores materiales, quienes fueron dejados en libertad y asesinados, señaló El Espectador.
La versión fue respaldada por el entonces fiscal Miguel Alfredo Maza Márquez, ya condenado por el magnicidio de Galán, y llevó a que Hazbún pasara cuatro años tras las rejas alegando su inocencia. Finalmente, salió de prisión y murió cinco años después cuando estaba cerca de conciliar con el Estado la indemnización por haberlo mantenido preso en un montaje judicial.
Por estos casos también son investigados los generales de la Dijín, Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona, entonces director, quienes también fueron señalados por la Procuraduría de participar en los hechos de la desviación.
Seguir leyendo: