Las relaciones entre Colombia y Guatemala pasan por un momento tensionante después de que el Ministerio Público del país centroamericano anunciara que va a tomar acciones legales en contra del ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. El exfiscal de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, se refirió a la situación y señaló que el proceso legal que se adelantará corresponde a una “acusación infundada”.
Iván Velásquez estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) durante 2013 y 2017. Al actual jefe de cartera se le señala de haber permitido acuerdos de cooperación eficaz con dos directivos brasileños vinculados a la constructora Odebrecht; sin embargo, esas acusaciones son contrarias al concepto que tiene el exfiscal Sandoval.
“No sé si ya cambió la percepción que tenían del ministro de Defensa, fue una persona intachable, siempre apegado a la ley, y nunca firmó convenios de colaboración”, manifestó el exfuncionario del Ministerio Público ante los micrófonos de Blu Radio. “Él pudo haber hecho alguna sugerencia, pero esos pasan por una serie de filtros, pero esta es acusación infundada contra Iván Velásquez”, agregó.
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Lo cierto es que la Cicig era una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que operó desde 2007 a 2019 y logró desarticular estructuras paralelas de corrupción. De acuerdo con Sandoval, el ahora ministro de Defensa “logró desenmarañar actos corruptos en el Estado” y las acciones que tomó el Ministerio Público las tradujo en una “venganza contra él” teniendo en cuenta que “30 operadores de justicia de primera línea de Guatemala nos encontramos en el exilio”.
Ante Blu Radio, el exfiscal habló acerca de las razones de su destitución, la cual calificó de arbitraria. “Mi destitución se debió a órdenes del actual gobernante de Guatemala [Alejandro Giammattei], luego de que llegara a mi despacho denuncias de tres posibles hechos de corrupción en los que estaría involucrado”, explicó Sandoval y señaló que existe una mafia política.
“Lo que ocurre es que estos son grupos poderosos, se rearticularon y socavaron todo el esfuerzo anticorrupción”, destacó el funcionario destituido. A su vez, indicó que existe un “ánimo de venganza y un mensaje para cualquier funcionario público que se dedique a hacer su trabajo”, pues lo que realmente querrían hacer es “garantizar un régimen de impunidad”.
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La presunta persecución a exmiembros de la Cicig
Las acusaciones en contra de Velásquez las realizó el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, que investiga el caso de corrupción de Odebrecht. De hecho, la Feci emitió recientemente cuatro órdenes de captura para: la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz; el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán, y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.
Esas acciones del Ministerio Público han sido rechazadas por varias organizaciones internaciones como la ONU, Human Rights Watch (HRW) e incluso por el Gobierno de Estados Unidos. De hecho, las autoridades judiciales del país norteamericano recordaron que Curruchiche fue sancionado hace seis meses por haber obstruido investigaciones de casos de corrupción y generado presuntas denuncias falsas contra abogados y extrabajadores de la Cicig.
Al respecto, Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de HRW, manifestó que la investigación en contra de Velásquez no debe tomarse en serio. “Es un esfuerzo más por amedrentar a funcionarios que investigaron la corrupción en Guatemala —precisó para la revista Cambio—. Además, el fiscal Curruchiche está sancionado por Estado Unidos por cometer actos de corrupción”.
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