Aunque la Fiscalía negó la existencia del caso de una menor violada por un militar estadounidense en Guaviare, la situación de violencia sexual contra menores de edad indígenas en el departamento no es menor. Durante la verificación de esa denuncia se encontró el reporte de 378 casos que serán investigados por la entidad.
“Hemos establecido que existen, según las carpetas del ICBF inspeccionadas en la Fiscalía, 378 casos entre el 2018 y el 2020 de indígenas mujeres que han sido víctimas en algún sentido de violencia sexual. Vamos a cruzar estos datos con el SPOA y verificar si esas carpetas del ICBF fueron trasladadas, cada una de ellas, a la Fiscalía General de la Nación, porque si hay algún vacío, iniciaríamos procesos penales por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, señaló el fiscal general tras la visita al Guaviare.
El ente investigador designó una especializada para verificar que las entidades correspondientes hayan adelantado los procesos de ley y conocer el estado actual de los hechos. Los investigadores estarán dedicados exclusivamente a esas denuncias y junto con Medicina Legal y médicos rurales buscarán a las víctimas para su valoración.
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“Este equipo especializado hará una priorización de los delitos sexuales y otros graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes”, indicó el ente investigador. Sin embargo, aclaró que en el caso que trascendió sobre una menor de 10 años Nukak abusada por un militar norteamericano, quien habría dado a luz a un bebé producto de la violación, no se encontraron evidencias.
Sin embargo, la situación violaciones a niñas y mujeres indígenas en el departamento sí existe. La Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que determinó que en la calle 40 de San José del Guaviare, una zona de bares y negocios del puerto pesquero, es un escenario de riesgo de violencia sexual en el que se ha identificado la presencia de niñas y niños de las etnias indígenas Nukak y Jiw.
Desde la oficina regional de la Defensoría se atendieron 933 casos de vulneración de derechos entre 2020 y 2022, de los cuales la mayoría de las víctimas son mujeres pertenecientes a comunidades indígenas. En cuanto a los casos de violencia sexual, en ese mismo periodo se han atendido 68 sobre menores de edad y 159 de mayores de edad.
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En ese periodo de tiempo, la entidad también evidenció un incremento de las vulneraciones al pasar de 67 casos en 2020, 69 en 2021 a 81 en el 2022. Además, el 80% de las personas privadas de la libertad enfrentan procesos o han sido condenamos por este tipo de delitos.
El informe detalla algunos casos, como el de una mujer identificada como Maité, quien fue secuestrada por sus agresores, transportada en un vehículo, golpeada, torturada y accedida carnalmente durante al menos cuatro días en los que estuvo desaparecida.
“Aunque su espacialidad y tiempo tiene unas lógicas distintas a las occidentales, ella recuerda con dolor la violencia. Hoy no se sabe nada de la investigación de los hechos, su atención en salud es deficiente, cada tanto el promotor de salud le entrega pastillas que no tienen nombre, tampoco tiene controles en salud física y mental y menos acceso a salud propia, la EPS no cubre “este servicio”, protección no tuvo y acogida en una Casa Refugio tampoco, esta no existe en el departamento”, dice el documento.
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Otro de los casos ocurrió en noviembre de 2022. Una niña de 14 años llegó al Hospital del Retorno con 23 semanas de gestación, estaba sola, sin acompañamiento de la familia o de las instituciones. La EPS autorizó la interrupción voluntaria del embarazo, pero se presentaron múltiples trabas para brindar la atención correspondiente.
La Comisaría de Familia no se pronunció pese a la notificación de la EPS. La Defensoría notificó a esta entidad, al ICBF y a la Personería de El Retorno, pero tras un mes de insistencia la primera se declaró impedida, el Instituto señaló que no tenía competencia al igual que la Secretaría de Gobierno. Tal fue la demora en la atención que se desconoce el paradero de la niña y el destino del bebé, luego de que su familia se la llevara.
“Lo que queda claro con la situación de vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas es la indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”, señaló el defensor Carlos Camargo en la visita al departamento.
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