Por deudas millonarias en aportes patronales, desde junio la AFIP podría rematar chacras de peras y manzanas

El próximo 31 de mayo vencerá la declaración de emergencia económica para los productores de peras y manzanas, declarada por una ley del Congreso. Si no se prorroga esa ley, que tenía vigencia inicial de dos años, la AFIP estaría en condiciones de enviar a remate decenas de chacras y hasta empaques de frutas del Alto Valle de la provincia de Neuquén, ya que se acumuló una deuda cercana a los 1700 millones de pesos que los productores no cancelaron.

El Congreso sancionó a mediados de 2017 la Ley 27.354, que declaró a los productores de peras y manzanas en situación de emergencia económica. Esta norma prorrogó los pagos de impuestos y de aportes patronales por parte de los productores y de los galpones de empaque.

Los beneficios de esta ley, que además del Alto Valle favorecen a productores de otras provincias como Mendoza, tienen fecha de vencimiento a fines de mayo próximo. Los aportes acumulados deberían ser cancelados a partir del 1° de junio.

La necesidad de que el Congreso -o el presidente de la Nación, mediante un decreto- defina una prórroga, fue planteada a Infobae tanto por las grandes empresas frutícolas nucleadas en la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), como también por Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, que agrupa a los pequeños chacareros.

Este será uno de los reclamos que la entidad traerá a Buenos Aires el 24 de abril cuando se realice un "frutazo" en Plaza de Mayo. A esta protesta se estarán sumando otras economías regionales, como la citricultura y la vitivinicultura.

En el "frutazo", además, se reclamará la reducción de las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado a 3 pesos. Y también, recuperar los niveles de reintegros a las exportaciones que cobraban estas economías regionales.

Por otra parte, insistirán en que se extiendan los plazos de pago de dichas retenciones, ya que la mayor parte de las empresas deben pagarlas a los 15 días de completado cada embarque, cuando cobran la carga a los 90 o 120 días. Es decir que es el sector privado que financia al fisco.