Gualeguaychú volvió a aparecer en el mapa de la lucha ambiental, como lo hiciera cuando sus habitantes se movilizaron para frenar del lado uruguayo la instalación de la pastera Botnia. Esta vez, el Concejo Deliberante de ese municipio entrerriano aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
El proyecto fue presentado por el Departamento Ejecutivo de esa ciudad, que responde al kirchnerismo residual, y fue convertido en ordenanza por nueve votos a favor (concejales del Frente para la Victoria y de UNA) y tres en contra (ediles de Cambiemos).
Para el justicialista Pablo Delmonte (FPV), el gobierno municipal "está dando una batalla de cara a la salud de su gente, en una causa ambiental más para tener una ciudad más limpia, más sana. Ayer se plantó una semilla de cara al futuro", dijo.
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En diálogo con Infobae, el concejal manifestó: "No creemos que los productores sean los malos de la película. Ellos también son víctimas de un modelo productivo que es muy dañino".
Argumentos oficiales
Según los considerandos de la norma, los ediles tuvieron en cuenta informes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Ese organismo incluye al herbicida en el Grupo '2A' de principios activos que se "clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos". Sin embargo, califica a la evidencia como "limitada", lo que significa que existe una "asociación positiva" entre el producto químico y esa enfermedad, pero remarca que no se pueden descartar "otras explicaciones".
La respuesta de los productores
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Raúl Boc-Ho, afirmó que "esto está más orientado a una cuestión política y de captación de votos. En este momento tiene buena prensa prohibir productos fitosanitarios, algo que vemos con preocupación porque la provincia tiene una actividad productiva muy importante".
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En declaraciones con este medio, el dirigente consideró que "se manejan muchas informaciones alarmistas con imágenes que impactan. Pero cuando vamos a buscar estadísticas oficiales sobre problemas de intoxicación o inclusive de la incidencia de cáncer, no hay información oficial".
Consecuencias
Boc-Ho sostuvo que "el campo es el principal generador del producto bruto de Entre Ríos, y el glifosato es una herramienta como tantas otras que, usada adecuadamente, no tiene ningún problema" e instó a que el gobierno provincial "controle de manera adecuada la utilización de los agroquímicos".
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En ese sentido, el titular de FARER fue categórico al afirmar que "la prohibición es el reconocimiento de la impotencia del Estado para poder controlar. Va a haber impacto en la producción de nuestra provincia, en la recaudación y en toda la cadena agroalimentaria", se lamentó.
La Ordenanza
El texto de la norma establece que "la prohibición (del uso del glifosato) no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores (a la promulgación de la norma) y de ninguna índole".
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Además, advierte que a las penas establecidas en el Código de Faltas Municipal se sumará el decomiso y una multa, en tanto que para los casos de reincidencia se agregará al decomiso una multa cuyos valores duplicarán la última sanción".
La ordenanza castiga el almacenamiento, expendio y venta y a quienes infrinjan ese artículo "se les decomisarán los productos y se les aplicará una multa y la clausura preventiva del establecimiento donde se detecte una violación" a la norma.
Para Boc-Ho, "a pesar de la medida, va a seguir existiendo un conflicto en las áreas periurbanas. Hay un avance sin control de las urbanizaciones hacia los sectores productivos. Sería conveniente que los municipios organicen y regulen el desarrollo urbanístico fijando áreas de población y de producción, y entre las dos, zonas de amortiguamiento con regulaciones especiales", propuso el dirigente de FARER.
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En su propia tierra
La ordenanza debe reglamentarse y promulgarse en los próximos 60 días e insta a los Concejos Deliberantes de los municipios de Entre Ríos a llevar adelante las mismas medidas.
Cabe recordar que en Paraná, los ediles de la capital provincial aprobaron en diciembre pasado una norma similar a la de Gualeguaychú (la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados), pero que luego fue vetada por el Intendente, Sergio Varisco.
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En Concordia, el concejal Esteban Benítez (UCR-Cambiemos), busca que sus pares aprueben un proyecto que también prohíbe el uso de glifosato en el éjido urbano de esa localidad.
La discusión está abierta, al igual que la grieta entre producción y ambientalismo, que parece estar lejos de cerrarse. La ironía es que los municipios que avanzan en la prohibición pertenecen a la provincia de la que es oriundo el actual Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cuya posición es muy clara.
"Vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción, ni más ni menos que, de alimentos", definió en declaraciones públicas.
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