La Universidad de Pensilvania debe entregar una lista de judíos al gobierno, dice juez

Un juez federal decidió que el gobierno de Trump estaba en su derecho de exigir a la universidad dicha información como parte de una investigación sobre antisemitismo. La universidad dijo que apelaría la sentencia.

Un juez federal decidió el martes que el gobierno de Donald Trump estaba en su derecho de exigir que la Universidad de Pensilvania entregara información sobre judíos en el campus como parte de una investigación federal sobre la discriminación en la escuela.

La investigación del gobierno había unido a directivos de la Universidad de Pensilvania, conocida como Penn, con estudiantes y profesores judíos que se oponían a la citación de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por su sigla en inglés). Muchos en el campus establecieron paralelismos entre el camino que tomó el gobierno y los métodos desplegados en la Alemania nazi.

Pero el gobierno de Trump sostuvo que su petición era usual en las investigaciones sobre discriminación para buscar posibles víctimas y testigos, y el juez Gerald Pappert, del Tribunal Federal de Distrito de Filadelfia, estuvo de acuerdo el martes. Le dio a Penn hasta el 1 de mayo para cumplir con la citación del gobierno, aunque el fallo probablemente no apague el debate sobre la presión del gobierno ha presionado a las universidades de élite estadounidenses.

Pappert, nombrado por el expresidente Barack Obama, pareció aludir al malestar que había suscitado la citación del gobierno y a las acusaciones de que la EEOC había ido demasiado lejos con sus tácticas, especialmente con una exigencia de información vinculada a grupos "relacionados con la religión judía".

"Aunque redactada de forma torpe, la solicitud tenía un propósito comprensible: obtener de forma muy acotada, en lugar de buscar información sobre todos los empleados de la universidad, información sobre individuos de la comunidad judía de Penn que pudieran haber experimentado o presenciado antisemitismo en el lugar de trabajo", escribió Pappert en su opinión de 32 páginas, emitida tres semanas después de escuchar los argumentos orales.

En última instancia, dijo Pappert, las alegaciones constitucionales de la universidad eran "fácilmente dispensables" y la citación del gobierno era válida.

La universidad dijo en un comunicado el martes que apelaría la sentencia y que estaba "comprometida con enfrentar al antisemitismo y toda forma de discriminación".

"Si bien reconocemos el importante papel de la EEOC en la investigación de la discriminación, también tenemos la obligación de proteger los derechos de nuestros empleados", dijo la universidad. "Seguimos creyendo que exigir a Penn crear listas de profesores y empleados judíos y que proporcionar información de contacto personal, plantea graves problemas de privacidad y de la Primera Enmienda".

La universidad añadió que no "mantenía listas de empleados por religión".

Un portavoz de la EEOC declinó hacer comentarios.

La EEOC lleva desde 2023 investigando la posible discriminación en el lugar de trabajo a profesorado y personal judíos de Penn, universidad de la Ivy League en Filadelfia. Aunque las autoridades de la universidad dijeron apoyar la investigación, el año pasado se opusieron después de que el gobierno emitiera una citación que solicitaba, entre otros datos, nombres y números de teléfono de empleados que eran miembros de grupos judíos en el campus.

El gobierno también solicitó información sobre empleados que denunciaron acoso o que trabajaban en el programa de estudios judíos de Pennsylvania, así como detalles sobre las sesiones de escucha a los asistentes acerca del antisemitismo.

La universidad y grupos judíos del campus advirtieron que las exigencias podrían afectar negativamente la vida religiosa en Penn, y desalentar la participación en diversos grupos.

Penn también dijo que no tiene "posesión, custodia ni control" de las listas de miembros de grupos judíos en el campus. En su fallo del martes, Pappert dijo que la universidad tendría que compartir la información de la que disponía, pero que Penn no tendría que revelar la conexión de ningún empleado con "una organización específica relacionada con judíos".

Pappert también se mostró especialmente escéptico ante la afirmación de que la citación pondría en peligro a las personas, y escribió que "no había pruebas" de que fuera así.

"Comparar la investigación de la EEOC sobre el antisemitismo en Penn con la Alemania nazi es contraproducente", escribió.

El caso representa una prueba de hasta dónde puede llegar el gobierno en investigar sus sospechas de antisemitismo en la enseñanza superior, y la decisión de Pappert podría determinar la agresividad con la que el gobierno de Trump lleva a cabo investigaciones en otros campus.

Norman L. Eisen, presidente ejecutivo de Democracy Defenders Fund, que se opuso a la citación en nombre de varias organizaciones de la universidad, dijo que el grupo discrepa "respetuosa pero firmemente" con la decisión.

"El tribunal reconoció que la citación solicitaba información relativa a la fe de las personas, lo que hacía su petición más intrusiva y exigía una mayor sensibilidad", dijo Eisen. Sin embargo, dijo, "el problema principal sigue existiendo: obligar a revelar afiliaciones religiosas de las personas entra en conflicto con la Primera Enmienda".

También dijo que estaba evaluando presentar una apelación.

Otros dijeron que la sentencia podría permitir una mayor supervisión federal sobre personas más allá de la comunidad judía en Penn.

"Cumplir la citación, tal como está, es una amenaza para la seguridad y la privacidad de los judíos y, por extensión, para cualquier otro grupo minoritario", dijo Lorena Grundy, vicepresidenta de la sección de Penn de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, que se había unido al litigio.

La investigación sobre Penn comenzó a petición de Andrea Lucas, una comisionada republicana de la EEOC que ahora es su presidenta. Dijo que la preocupación se basaba en artículos periodísticos, declaraciones públicas de dirigentes universitarios y testimonios ante el Congreso que señalaban un patrón de antisemitismo en la universidad.

Lucas presentó su queja en 2023, pero la investigación no se intensificó hasta el año pasado, cuando el gobierno de Trump inició una amplia campaña de presión para imponer su programa político a las principales universidades del país.

La abogada de la EEOC que dirige la investigación, Debra Lawrence, quien ha trabajado para la agencia durante los gobiernos de siete presidentes distintos, la describió como una solicitud de investigación habitual. El Congreso otorgó a la comisión amplios poderes de investigación para hacer cumplir las prohibiciones contra la discriminación en el lugar de trabajo de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

El gobierno de Trump ha adoptado reiteradamente una línea dura hacia las universidades de élite, pues las considera hostiles a la ideología conservadora y focos de discriminación. El año pasado, el gobierno suspendió 175 millones de dólares de financiación federal a Penn en medio de una disputa sobre una nadadora transgénero, antes de que las partes llegaran a un acuerdo.

En el último año, la EEOC ha asumido un papel central en las investigaciones de las principales universidades y en las negociaciones para llegar a un acuerdo.

En julio, por ejemplo, la Universidad de Columbia acordó pagar 21 millones de dólares para resolver una denuncia que Lucas presentó tras las protestas en el campus por la guerra en Gaza. La comisión describió el acuerdo como el más grande que ha alcanzado por una denuncia de antisemitismo.

Más recientemente, la EEOC encuestó a trabajadores de la Universidad de Cornell para obtener información sobre el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes.

Aunque Penn se había resistido a la citación de la EEOC, se había ofrecido a informar a todos los empleados sobre la investigación y sobre cómo ponerse en contacto directamente con la comisión. Pappert no se dejó impresionar.

"Imponer a los empleados la carga de presentarse por su cuenta desvirtúa el objetivo de una acusación de discriminación por parte de la comisión", escribió.

"La EEOC busca investigar la denuncia contactando a posibles víctimas o testigos del acoso e informándoles de sus derechos", añadió. "Los empleados pueden negarse a participar en la investigación, pero la EEOC necesita tener la oportunidad de hablar con ellos directamente para saber si tienen pruebas de discriminación".

Michael C. Bender es corresponsal del Times en Washington.

Alan Blinder es corresponsal nacional del Times y cubre la educación.