“Mi nombre es Azul Rojas Marín, tengo 48 años y he tenido pérdidas muy irreparables como la de mi madre”.
Con esas líneas, la mujer trans que sobrevivió al abuso sexual y tortura por parte de tres policías abrió su discurso este jueves, cuando el Estado peruano le pidió disculpas públicas por violar sus derechos.
La ceremonia emblemática tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contó con la asistencia del ministro Félix Chero, así como representantes de la cartera del Interior, la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el general Adolfo Valverde, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía.
Durante el acto, Azul encendió una vela junto al retrato de su madre, Juana Rosa Tanta, fallecida de un infarto en 2017. “Muchos de los aquí presentes saben que ella fue un pilar fundamental —siguió la agraviada—. También es una luchadora y se fue con la convicción que esto iba a tener un resultado, que la lucha que iniciamos juntas no iba a quedar impune”.
Quince años después de que se enfrascara en una batalla legal que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Perú admitió su responsabilidad internacional por una serie de irregularidades en la atención de un caso que dejó en libertad a los agresores: Luis Miguel Quispe Cáceres, suboficial de tercera; Juan Isaac León Mostacero, suboficial; y Dino Horacio Ponce Pardo, técnico de segunda.
Fue un camino tortuoso. Azul Rojas Marín rompió las lunas del municipio local para que la escucharan; pasó horas afuera de la Fiscalía, con la misma ropa que fue violentada, para que revisaran su denuncia; y apareció en los medios diciendo que trabajaba en una posta local, criaba cerdos y vendía salchipapas para ayudar la economía de su familia cuando de pronto su vida fue trastocada para siempre.
Tras denunciar a los tres efectivos por violación, abuso de autoridad y tortura, la Fiscalía desestimó el último cargo y, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.
Como las vías nacionales se agotaron, tres organizaciones elevaron el caso a instancias internacionales: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura.
La Corte IDH falló el pasado 6 de abril de 2020 y, por primera vez, culpó a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI. Esta sentencia emblemática puso al país como un drástico ejemplo para Latinoamérica.
“Este es un acto protocolar muy satisfactorio, pero hay otras reparaciones que el Estado no ha cumplido, como la atención integral y las reparaciones económicas. Son quince años que no he podido trabajar tranquila ni estudiar. Llego cansada, agotada, pero con las ganas de seguir luchando y defendiendo los derechos”, dijo Azul frente al representante de la Policía, la institución que albergó a sus agresores.
“Esta es la nueva cara de los derechos humanos —continuó— me encuentro muy emocionada (...) Si hoy en día yo sonrío es porque ya me cansé de buscar culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conseguir lo que quiero. Sonrío porque mi corazón sigue siendo sincero y transparente y porque simplemente me merezco ser feliz”.
Acto emblemático
Sobre estos pendientes, el ministro Félix Chero anunció la conformación de una equipo técnico para elaboración de protocolo en favor de personas LGTBI víctimas de violencia, mientras que la fiscal de la Nación Patricia Benavides reconoció que las instituciones peruanas fallaron en la garantía de sus derechos.
“Desde la institución que represento, nos comprometemos a realizar los mayores esfuerzos para aunar en justicia verdad y reparaciones dignas para usted”, dijo la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos e informó que la investigación del caso se ha derivado a la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Lima.
Sin embargo, lo más poderoso de este acto es que el Estado, a través de la Policía, ha admitido su indiferencia para dar sentido a lo trágico. En ese sentido, el general Adolfo Valverde anunció que el Comando de la PNP restablecerá los contenidos del manual de derechos humanos aplicado a la función policial respecto al trato de personas LGBTI.
Asimismo, eliminará frases discriminatorias como “erradicación de homosexuales y travestis” e implementará una casilla para el registro íntegro de denuncias sobre crímenes de odio o tentativas.
Azul Rojas Marín inicia de esa manera un segundo camino para alcanzar justicia, a pesar de que las secuelas emocionales sean insondables.
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