La Justicia rusa declaró hoy “extremistas” a varias organizaciones vinculadas a Alexei Navalny, lo que supone en la práctica el desmantelamiento inmediato del movimiento político del líder opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal.
“Queda demostrado que esas organizaciones no solamente difundían voluntariamente informaciones que incitaban al odio y a la hostilidad hacia los representantes del poder, sino que además cometían crímenes y delitos extremistas”, declaró a los periodistas un representante de la fiscalía, Alexéi Jafiarov, tras la decisión judicial.
Sus actividades quedan prohibidas en el territorio de Rusia a petición del fiscal de Moscú, Denís Popov. ”La decisión está sujeta a ejecución inmediata en cuanto al cese de las actividades de estas organizaciones”, explicó a su vez el servicio de prensa del tribunal.
El juez dictó sentencia tras 12 horas y media de juicio a puerta cerrada en el Tribunal Municipal de Moscú, informó la defensa en su canal de Telegram.
Al quedar liquidadas y prohibidas, el FBK, el FZPG y la red de oficinas del movimiento político del líder opositor -repartidas hasta ahora en varias regiones de Rusia- no podrán difundir ninguna información, ni efectuar transacción financiara alguna, participar en elecciones o organizar protestas.
Además, según explicó la defensa en un comunicado, los empleados de esas organizaciones, así como aquellos que cometen “acciones deliberadas relacionadas con la continuidad o renovación” de las mismas, afrontan “hasta seis años de cárcel”.
Las organizaciones tienen ahora 10 días para recurrir la sentencia, algo que “ciertamente haremos”, escribió en un comunicado “Equipo 29”, ONG que participa en la defensa de las fundaciones sin ánimo de lucro.
Navalny “no retrocederá”
Casi de forma inmediata, Navalny prometió que “no retrocederá” tras la medida, que permite que sean liquidadas y una mayor represión de sus partidarios.
“Nos arreglaremos, evolucionaremos, nos adaptaremos. Pero no vamos a retroceder en nuestros objetivos e ideas. Es nuestro país y no tenemos otro”, escribió Navalni en su cuenta Instagram tras el veredicto.
Navalny fue arrestado en enero tras su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un ataque con neurotoxina que él atribuye al Kremlin, algo que las autoridades rusas niegan.
Fue sentenciado en febrero a dos años y medio en prisión por violar los términos de una sentencia suspendida derivada de una causa de desfalco en 2014 que él dice que fue motivada políticamente.
Juicio a puertas cerradas
El juicio se celebró sin la presencia de medios de comunicación o público, dado que el caso fue clasificado como secreto. En la vista de hoy, la primera real sobre el fondo del caso dado que la última audiencia solo duró una hora, todos los recursos de la defensa fueron rechazados, entre ellos la solicitud de que se pueda personar Navalni en el caso o la recusación del juez.
Según la defensa, “nunca se presentaron pruebas adecuadas de la culpabilidad” de las organizaciones, cuya declaración como extremistas no ha sido ninguna sorpresa para el líder opositor y sus aliados.
El FBK -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el FZPG ya fueron declarados “agentes extranjeros” en octubre de 2019 y diciembre de 2020, respectivamente, y desde entonces perseguidas mediante la detención de sus empleados, la congelación de sus activos y registros de sus oficinas.
La Fiscalía de Moscú anunció el 16 de abril que iba a buscar la liquidación por “extremistas” de las organizaciones de Navalny.
El argumento era que “los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para cambiar los cimientos del orden constitucional, incluido el uso del escenario de la ‘revolución de color’”, en alusión a las revueltas populares en el espacio promovidas desde el exterior según Moscú.
Incluso antes de una decisión judicial, el fiscal suspendió en abril ciertas actividades del movimiento político del opositor, y el juez del caso hizo al día siguiente lo propio con el FBK y el FZPG.
Acorralado por las autoridades rusas y la justicia, el líder opositor decidió el pasado 29 de abril adelantarse a la decisión judicial que considera inevitable y disolver su red de oficinas para proteger a sus colaboradores de la persecución penal.
Al día siguiente de la disolución de las sedes de Navalny, se supo que el supervisor financiero ruso, Rosfinmonitoring, ya había incluido a esta plataforma en la lista de organizaciones con vinculación con actividades extremistas y terroristas, lo que restringía sus actividades financieras.
Con información de AFP y EFE
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