La agencia de noticias oficial norcoreana (KCNA) ha informado de que 700 huérfanos menores de edad se han ofrecido voluntarios y están trabajando en las minas, fábricas y granjas colectivas. El medio estatal destaca “la sabiduría y el valor” de estos niños y niñas que en “en su primera juventud” han elegido trabajar de forma voluntaria. Así, la cadena de la dictadura informó que “decenas de niños huérfanos ya han llegado al Complejo Minero de Chonnae para cumplir con su juramento y devolver aunque sea una millonésima parte del amor que les ha demostrado el Partido”.
Pero el mensaje del régimen norcoreano esconde una verdad: la explotación infantil y la esclavitud. Es que diversos grupos de Derechos Humanos han acusado a Corea del Norte de utilizar trabajo forzado de menores y advierte que muchos de estos esclavos serían hijos de prisioneros surcoreanos de la Guerra de Corea.
Pyongyang nunca liberó a decenas de miles de prisioneros surcoreanos tras la Guerra de Corea (1950-1953). Estas personas fueron enviadas a minas de carbón y obligadas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud, y sus hijos y nietos heredaron este brutal destino, detalló el informe de la Alianza Ciudadana por los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR).
En la base de estos brutales mecanismos de segregación está el sistema conocido como “songbun”, el cual clasifica a los habitantes de Corea del Norte según sus orígenes sociales y políticos.
La absoluta lealtad a las autoridades norcoreanas es un factor crucial en este sistema y aquellos cuyos antepasados colaboraron con el enemigo japonés o fueron capitalistas figuran en el último lugar. “Este sistema songbun se transmitió a sus hijos y nietos, que siguen trabajando en minas de carbón, plomo, zinc, magnesita y otros”, indica el informe de la ONG, que tiene su sede en Seúl. Esto les impide “cambiar de domicilio, de empleo o de realizar estudios superiores”, agrega.
El Departamento de Estado norteamericano ha denunciado prácticas como la existencia de “brigadas juveniles militarizadas” de menores que “ayudan en proyectos especiales como la retirada de nieve en carreteras o el cumplimiento de los objetivos de producción”. Además ha advertido de “daños físicos y psicológicos, malnutrición, agotamiento y problemas de crecimiento como consecuencia del trabajo forzado”.
Corea del Norte ha negado insistentemente estas acusaciones y ha señalado recientemente al presidente estadounidense, Joe Biden, por su “política hostil” hacia Pyongyang.
Sin embargo, meses atrás, una investigación de Naciones Unidas concluyó que en Corea del Norte siguen cometiéndose crímenes contra la humanidad, en un contexto marcado por la impunidad y en el que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas, a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) o de un mecanismo ‘ad hoc’.
La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea el Norte y, siete años después, ha llegado a la misma conclusión. Así, ha considerado que hay indicios suficientes que acreditan situaciones de exterminio, asesinato, esclavitud, encarcelamiento, abusos sexuales, persecución por razones políticas y desaparición forzosa.
Los testimonios de personas que han escapado del país asiático dan cuenta de abusos sistemáticos dentro del sistema penitenciario norcoreano, donde las autoridades infligirían daños tanto físicos como psicológicos a los reclusos de forma recurrente, desde palizas a uso prolongado de posiciones dolorosas pasando por falta de alimentos, trabajos forzados o nula atención médica.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que siete años después del “histórico” primer informe, “no solo prevalece la impunidad, sino que se siguen cometiendo violaciones de Derechos Humanos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad”.
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