
A principios de este año, la policía de China comenzó a usar lentes con reconocimiento facial para identificar a delincuentes a través de la red de cámaras de vigilancia más grande del mundo. El país asiático ha instalado más de 170 millones de cámaras de videovigilancia en su territorio, y se estima que la cifra se triplicará hasta 626 millones para 2020. El sistema, que es particularmente útil para analizar multitudes en poco tiempo, ha sido utilizado para tomar fotografías de una persona sospechosa y luego compararla con imágenes almacenadas en una base de datos interna del Gobierno. Ahora, las autoridades chinas prevén usar esas cámaras, entre otras cosas, para desarrollar un sistema de reputación social nacional.
En los próximos dos años, el Partido Comunista actualizará constantemente una puntuación de cada persona en el país basada en su comportamiento ante las cámaras. Por ejemplo, si un peatón cruza la calle por fuera de la senda peatonal, su acto se verá reflejado con una reducción en su puntuación. El sistema está diseñado para otorgar al Estado la capacidad de administrar castigos y repartir recompensas a sus súbditos.
Por supuesto que el uso de tal sistema no se limitaría a controlar delitos menores como cruzar la calle imprudentemente. Las autoridades chinas impidieron en abril que Liu Hu, un periodista, tomara un vuelo debido a su puntaje bajo. A finales de ese mes, el gobierno había prohibido el acceso de ciertos individuos a 11,4 millones de vuelos y 4,25 millones de viajes en tren, según el periódico estatal Global Times.
"No puedo comprar propiedades. Mi hijo no puede ir a una escuela privada", protestó Liu. "Sientes que estás siendo controlado por el sistema todo el tiempo".
El Gobierno chino parece estar decidido en crear lo que la revista The Economist llamó "el primer Estado totalitario digital del mundo". De hecho, los agentes detrás del proyecto dijeron que el propósito de la iniciativa es diseñar, para 2020, un sistema que "permitirá a los dignos de confianza andar por todos los lugares bajo el cielo, mientras que dificultará que los desacreditados den un solo paso".

Algunos funcionarios están presionando para imponer mecanismos de control aún más estrictos. Hou Yunchun, ex director adjunto del centro de investigación para el desarrollo del Consejo de Estado, dijo en un evento en Beijing en mayo que el sistema de crédito social debería ser administrado al objeto de que "las personas desacreditadas se declaren en bancarrota".
"Si no aumentamos el costo de ser desacreditados, estamos alentando a la gente desacreditada a seguir así", dijo Hou. "Eso destruye todo el estándar".
En la actualidad, aproximadamente 36 localidades chinas han estado operando sistemas de reputación experimentales en sus jurisdicciones. Algunos, como el proyecto piloto en el condado de Suining (provincia de Jiangsu), han fracasado terriblemente. Desde 2010, el Gobierno local otorgó a los vecinos puntos por buena conducta y dedujo puntos por todo tipo de mala conducta, desde delitos menores de tránsito hasta "pedir ayuda ilegalmente a las autoridades superiores". Aquellos con un buen puntaje tenían mayores probabilidades de recibir recompensas, como ascensos en el trabajo o la posibilidad de saltarse la cola para obtener una vivienda pública.
El proyecto fue un fracaso, en gran medida debido a que los datos en los que se basaba eran irregulares. Los propios medios de comunicación estatales, como China Youth Daily y Beijing Times, lo criticaron, y este último, incluso, lo comparó con las "tarjetas de buen ciudadano" que repartieron las tropas japonesas durante la ocupación de China en los años 30. Sin embargo, otros proyectos similares han sido considerados exitosos por la opinión pública.
En el sistema de Rongcheng en la provincia de Shandong, cada residente comienza con 1.000 puntos, y, en base a su puntuación, son clasificados de A++++ (puntuación máxima) a D (mínima). El método ha demostrado dar resultados prácticos: a diferencia del resto de China, los conductores ahora paran en los cruces peatonales para la seguridad de las personas.

A medida que crece la adopción del sistema en algunas provincias del gigante asiático, crece la posibilidad de que los distintos satélites se fusionen para crear una red única a nivel nacional. En 2014, el Partido Comunista publicó sus planes para un proyecto que pretende lograr justamente eso a través de una Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, que recopila datos de diversas fuentes, incluyendo cámaras, puntos de control policiales e Internet.
El mecanismo de control social es consistente con la visión de China de su líder, Xi Jinping, quien cree que el Partido Comunista debe tener control absoluto sobre la sociedad y que él debe tener control absoluto sobre el partido. Los líderes chinos han estado obsesionados con lo que el entonces presidente Jiang Zemin en 1995 llamó "informatización, automatización e inteligentización", que podrá lograr que la rebeldía contra el Estado se vuelva prácticamente imposible. Cuando eso suceda, China podrá considerarse el primer estado totalitario digital del mundo.
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