
Luego de un día lleno de protestas, los magistrados del Poder Judicial del Estado de Puebla resolvieron que se entreguen las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), campus San Andrés Cholula, con el fin de que se retomen las actividades presenciales.
A través de un comunicado, informaron que desde el pasado 28 de enero, la juez de control Magaly Escamilla Rodríguez ordenó la restitución del campus a la Fundación Mary Street Jenkins debido a que existen las condiciones para garantizar la función social de la universidad. Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación estatal para coadyuvar en su entrega.

Cabe mencionar que las instalaciones se mantienen bajo resguardo del patronato que preside Horacio Magaña y el rector interino, Armando Rios Piter.
La UDLAP ha permanecido cerrada desde el 29 de junio de 2021, luego de que estas fueran tomadas por personas armadas que presuntamente pertenecen al gobierno de Puebla, según docentes y estudiantes. La razón es un litigio entre la familia Jenkins de Landa y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.
Por ello, este primero de febrero estudiantes y docentes protestaron, primero frente a la puerta principal de su campus, y más tarde en la recta a Cholula, y más tarde en la recta a Cholula, en demanda de que se les permita ocupar sus salones de clases y laboratorios para continuar sus estudios con el esquema de presencialidad escalonada.
En su manifestación, los universitarios solicitaron que se permita el ingreso a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, quien fue nombrada por el patronato que reconoce la Fundación Mary Street Jenkins y la familia Jenkins de Landa.
Ante la solicitud de entregar las instalaciones, el secretario aseguró que “No existe problemática sin contexto, es decir, viene de años atrás, no fue provocado por parte de este gobierno o por esta Secretaría, hay partes en litigio, y el caso está en tribunales, aunque quisiera esta Secretaría intervenir no puede estar por encima de la resoluciones de los tribunales " además negó que el gobierno fuera parte del conflicto, y atajó que “No se puede devolver lo que no se tiene”.
Cabe recordar que esta institución es de carácter privado, y según el secretario Melitón Lozano, el gobierno no tiene injerencia sobre ella. Además durante la presentación de avances en el sector educativo, la diputada Nora Escamilla aseveró que las instalaciones de dicha universidad no se encontraban tomadas por el gobierno de Puebla.
En el documento expedido por la comunidad estudiantil, académica y administrativa, se le exige al actual gobernador del estado es Miguel Barbosa Huerta miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional “dejar de interferir en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales”.
Por otro lado, diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a la institución para verificar que dicha institución continuaba cerrada y sin acceso a estudiantes. El personal de seguridad del UDLAP mencionó que no estaba permitido el acceso debido a que no contaba con la autorización de la persona encargada de la universidad. Cuando se le preguntó por el nombre de dicho encargado el trabajador se negó argumentando que no lo podía proporcionar por instrucciones.
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