Organización pide a la Corte no desestimar amparo contra militarización de la Guardia Nacional

A través de su proyecto presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro José Fernando Franco González Salas pretende que sea desestimado un amparo promovido en contra de la militarización de la Guardia Nacional.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que impugnó la Ley de Guardia Nacional, pidió a los ministros de la Segunda Sala de la SCJN que rechacen la propuesta de González Salas y elaboren otra resolución que obligue a crear un cuerpo de seguridad civil.

De acuerdo con la asociación, el proyecto que será discutido este 23 de junio no analiza el fondo del asunto, además, se vale de argumentos falaces que no defienden el orden constitucional.

José Fernando Franco González Salas ha propuesto que sus colegas voten por el sobreseimiento del amparo, es decir que no lo otorga, pero tampoco lo niega.

El ex subsecretario de Desarrollo Político con Ernesto Zedillo recurrió a la fracción del artículo 61, con lo cual deja de lado otras causales de improcedencia como la falta de interés o el agotamiento de otras instancias antes de acudir al juicio de amparo.

Este proyecto argumenta que ninguna disposición de la Ley de GN está dirigida a MUCD, esto es, que no crea obligaciones, sanciones o derechos para personas morales. Y en caso de dar la razón a MUCD, no sería posible beneficiar a la organización civil, al contrario, causaría más daño.

“Por un lado, el Ministro Fernando Franco argumenta que el efecto particular de otorgarnos el amparo sería quitarnos la protección de ‘la única institución de seguridad pública federal que existe’ (la Guardia Nacional), lo cual sería imposible.

“Y por el otro, considera que el efecto general sería prohibir que ésta se integre por militares, lo que podría derivar en afectaciones para otras personas. Finalmente, argumenta, lograr que la Guardia Nacional no se componga por militares debe impugnarse por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que no de juicios de amparo.”

González Salas reconoce la militarización de la Guardia Nacional, pero se limita en su análisis de ese problema. Es decir que no estudia la constitucionalidad de lo impugnado.

“Además, consideramos que, al limitar la defensa del orden constitucional a las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad el ministro ponente hace una lectura limitada del juicio de amparo que tiene el efecto perverso de postergar la discusión sobre el problema de la militarización”.

Desde abril de 2019, México Unido Contra la Delincuencia interpuso la demanda de amparo contra la Ley de GN, porque viola el mandato constitucional de crear una institución civil. El caso llegó al máximo tribunal del país en 2020 y se someterá a votación este miércoles.

En sus argumentos, la organización de la sociedad civil indicó que el diseño normativo de la fuerza de seguridad incumplía con una dependencia policial nueva, pues reclutó a militares en activo o retirados.

Además, violó los criterios básicos sobro uso de castrenses en tareas de seguridad pública, el cual debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado. Además, invadió competencias de estados y municipios.

“Pareciera que, para el Ministro Franco, el juicio de amparo ya no es el medio para defender el orden constitucional, sino que se limita a defender derechos humanos. Estima que las cuestiones de fondo se resolverán a través de las acciones y controversias constitucionales.

“El proyecto desprotege a la gente debido a que se convierte en un medio que no permite el acceso a la justicia, a pesar de ser el único al que tiene acceso toda la población y no solo unos cuantos actores, como ocurre en el caso de las acciones y controversias constitucionales”, acusó MUCD.

Por último, la organización cuestionó el papel de la SCJN, pues aparentemente garantizaría la existencia y operatividad de la Guardia Nacional en contra de defender la constitucionalidad que sustenta crear este cuerpo de seguridad.

“¿Se perfila un criterio en la SCJN de no analizar la constitucionalidad de las leyes y otros actos de autoridad únicamente cuando es impugnado por determinados actores a través de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales?”.

El pasado 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque con ello se garantizaría, aseguró el mandatario, que el nuevo cuerpo de seguridad no se vea infiltrada por la corrupción.

La Guardia Nacional fue aprobada en marzo de 2019 y arrancó operaciones formales el 30 de junio de ese año; desde entonces, el presidente tenía margen para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de la corporación recién creada, facultad que fue efectiva desde el 12 de mayo de 2020.

Con ello quedó escrito que el Ejército y la Marina podrían intervenir legalmente en competencias que antes eran exclusivas de las policías civiles, con vigencia hasta el el 27 de marzo de 2024, prácticamente, lo que resta del sexenio u ocho meses antes de que AMLO concluya su mandato.

En la práctica, López Obrador solo formalizaría la militarización de seguridad pública, pese a que prometió que los castrenses volverían a sus cuarteles en su gobierno. Sin embargo, el control operativo en la Sedena ya operaba desde octubre de 2020.

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