La Cofece interpuso una controversia constitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador

El regulador antimonopolios aseguró que la reforma aprobada por el Congreso, contradice tres artículos de la Constitución

Imagen de archivo (Foto: Cortesía Cofece)
Imagen de archivo (Foto: Cortesía Cofece)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

En la controversia interpuesta por el regulador antimonopolios, encabezado por Alejandra Palacios, se enfatiza que la reforma aprobada por el Congreso mexicano contradice los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, encargados de garantizar la competencia en mercados de generación y suministro eléctrico.

“A juicio de esta autoridad las medidas contenidas en el Decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, informó en un comunicado el organismo.

Señaló que esa contrariedad afecta a la esfera de competencia de la Cofece al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico.

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)
Imagen de archivo. (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

“Bajo el esquema constitucional vigente es fundamental que existan ciertos requisitos para que los mercados de generación y suministro puedan operar en condiciones de competencia”, declaró la Cofece.

Resaltó que es “fundamental” el acceso abierto y sin discriminación de cualquier generador eléctrico a las redes de transmisión y distribución eléctrica; que el despacho eléctrico persiga un criterio de eficiencia y que el Cenace opere con indepedencia e imparcialidad sin favorecer ni aventajar a algún participante.

Así mismo, dio a conocer cuatro puntos para impugnar el decreto. Primero -aseguró la Cofece- quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.

También elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la CFE y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.

Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello. Además de que permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.

Foto: EFE/Mario Arturo Martínez/Archivo
Foto: EFE/Mario Arturo Martínez/Archivo

“Las medidas contenidas en el decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, concluyó la Cofece.

La Ley de la Industria Eléctrica levantó mucha polémica, al privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como generador de energía y obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras, por lo que dos juzgados federales especializados en competencia económica, otorgaron numerosos amparos y suspendieron la reforma de manera indefinida.

El decreto de López Obrador elimina el criterio económico con la finalidad de despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

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