Y, ¿a dónde se va la inversión?

Por Daniela Pontes

Imagen de archivo del logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, la CFE, en una de sus oficinas en la norteña ciudad Monterrey. 5 de noviembre de 2019. REUTERS / Daniel Becerril
Imagen de archivo del logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, la CFE, en una de sus oficinas en la norteña ciudad Monterrey. 5 de noviembre de 2019. REUTERS / Daniel Becerril

Los anuncios de la 4T han causado una serie de manifestaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Sean buenas o malas decisiones, parece que no es el mejor momento para llevarlas a cabo. Bien lo dijo el Embajador de Estados Unidos en México: “los inversionistas buscan certidumbre”, y que “no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

Recientemente se anunció la cancelación del proyecto de Iberdrola, la construcción de una nueva central eléctrica en Tuxpan, Veracruz, la cual, de acuerdo con su permiso de generación otorgado por la CRE, hubiese tenido una capacidad de 1,204 megawatts y con ello generaría al año un poco menos de lo que entrega Laguna Verde al sistema eléctrico del país.

Para iniciar las obras de construcción de “Tuxpan”, era imprescindible cerrar un contrato con la filial de la empresa productiva del estado (CFEnergía) encargada de la comercialización y suministro de combustibles a empresas públicas y privadas.

Sin embargo, no se logró dicho acuerdo porque al parecer hoy la estrategia comercial de CFEnergía es: primero CFE Generación y después los demás, a pesar de que la Ley de la Industria Eléctrica mandata que las actividades de esta industria, incluida la proveeduría de insumos primarios (como son los combustibles), se deben realizar de manera independiente y bajo condiciones de estricta separación legal, que garanticen el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico.

Este suceso es uno más en la lista que revela la falta de conciliación de intereses entre el gobierno y los privados, sobre todo en el sector energético. Sin duda, la intervención del Estado es imperativa y debe evolucionar para propiciar un ambiente de confianza para los inversionistas, mediante cuatro criterios básicos como bien apunta Guillermo Zúñiga (Ex Comisionado de la CRE):

- Instrumentos jurídicos con principios y reglas claras;

- Implementación mediante organismos independientes, especializados y solventes;

- Detección de fallas del mercado, y

- Atención a deficiencias con base en las mejores prácticas en materia de regulación.

El Estado tiene la obligación de crear reglas entendibles para los participantes y usuarios de una industria y, por tanto, la certeza jurídica se vuelve vital para la ejecución de los contratos vigentes y de nuevos contratos en aras de favorecer las condiciones de la industria eléctrica.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, España es el segundo país con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en México, desde 1999 se ha registrado un flujo anual de USD 3,223 millones en promedio, y éste representa una cuarta parte del volumen de IED proveniente de Estados Unidos.

Un poco más del 75% de la IED española se canaliza, por orden de importancia, en los servicios de banca múltiple, telecomunicaciones inalámbricas, energía eléctrica y construcción de vías de comunicación. Y así como para los servicios financieros es BBVA, es Movistar para telecomunicaciones, OHL para la construcción, e Iberdrola es para la industria eléctrica.

Uno de los problemas que México enfrenta en el actual escenario económico, señala Carlos Urzúa (ex Secretario de Hacienda), es la caída de la inversión tanto pública como privada. De acuerdo con datos del INEGI, la inversión como porcentaje del PIB fue del 19.6% en el primer trimestre de este año, un retroceso importante para alcanzar la meta del 25% que se estableció en el Acuerdo para promover la inversión y desarrollo incluyente firmado por el presidente de la República y el sector empresarial en junio del año pasado, para lograr el 4% de crecimiento económico anual prometido en la campaña electoral.

Además, México está perdiendo reflectores en el escenario internacional. Según la 23ª Encuesta global anual de CEOs de PricewaterhouseCoopers (PwC), México no se posicionó como uno de los 10 mercados más atractivos para invertir en 2020. También quedó fuera de la lista de los 25 países del Índice de Confianza de la IED 2020 de la consultora A.T. Kearney.

Y en materia eléctrica, con la cancelación de las Subastas de Largo Plazo, la revisión de contratos y los cambios a diestra y siniestra en la regulación para las energías limpias, México se posiciona en el lugar 25 de la lista de países más atractivos para la inversión en energías renovables que calcula Ernst & Young, después de que ocupaba un puesto en el TOP 10 en 2017.

Es claro que el capital prefiere mercados con mayor fortaleza jurídica y no aquellos cuyo Estado vilipendia a los inversionistas, como hoy en día lo hace México.

*Analista en economía y regulación de la industria eléctrica.

Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio

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