OPINIÓN: la granizada que prendió la alerta climática en Jalisco

Por Raquel Gutiérrez Nájera

México es el principal generador de gases de efecto invernadero (GEI) de América Latina y sus emisiones representan alrededor de 1.5% de las emisiones mundiales (Presidencia de la República; 2011). Al igual, el consumo de recursos fósiles tanto para generar energía como el transporte constituyen la principal fuente de emisión de GEI con un 65.1%, el cambio en el uso del suelo con el 14.2%, las actividades agrícolas con el 9.9% y los desechos con el 15.1%. (Presidencia de la República, 2011, pág. 170-173).

Nuestro país ha sido líder en asumir una política de estado en materia de cambio climático. Ello le ha implicado el ser de los pocos países que hoy en día han cumplido con las seis comunicaciones nacionales derivadas del protocolo de Kyoto. De igual manera, adoptó compromisos internacionales en la COP de París (Agenda de París) consistentes en: reducir de manera no condicionada un 22% sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y un 51% sus emisiones de carbono negro para el año 2030 respecto a la línea base; en adaptación fortalecer la resiliencia en un 50% sistemas de alerta temprana, gestión de riesgos en todos los niveles de gobierno y alcanzar la tasa 0 en deforestación (LGCC, 2012, reformada el 2017).

En el referente anterior, si bien se avanza en las políticas públicas en el ámbito federal, en los temas centrales del cambio climático deforestación, emisión de GEI, desarrollo urbano (transporte público, desechos), agua y biodiversidad, seguimos perdiendo recursos y no se aprecia un cambio significativo en estos rubros (Semarnap 1997, Semarnat-INE 2001, 2006, 2009 y 2012). Lo anterior se ve corroborado por el Informe de Avances respecto a los objetivos de Desarrollo del Milenio en su Objetivo 7 relativo a "Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente" en su meta 7A respecto a "Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente" en el que respecto a las Emisiones de Dióxido de Carbono total se reporta: 1990-388.1 Millones de toneladas de CO2, 1995-406.0, 2000-471.2, 2005-481.3 y 2010-429.9; es decir a pesar, de tener una política de estado de cambio climático, la emisión de CO2 sigue ascendiendo.

En la evaluación estratégica realizada por la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional Climática, que tomó como base a 6 entidades federativas, entre ellas Jalisco, en los ámbitos de generación de energía, transporte público y generación de residuos sólidos urbanos en el ámbito de mitigación y en el ámbito de adaptación las capacidades para disminuir la vulnerabilidad de los impactos negativos del cambio climático de carácter social, productiva y ambiental, si bien es cierto Jalisco cuenta con una línea base en los ámbitos regulatorios, de planeación e institucional en los ámbitos de mitigación y adaptación al cambio climático, no existen indicadores o evidencias suficientes para identificar el impacto del entramado arquitectónico para fortalecer las capacidades de vulnerabilidad ante los efectos negativos al cambio climático.

En efecto, Jalisco genera aproximadamente el 6% del total de las emisiones nacionales de GEI. Los datos de la evaluación reportan que al 2010, las emisiones totales del estado fueron de 42,001.22 Gg de COe de las cuales el uso del suelo, cambios de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) fue el sector que aportó más emisiones (37%), el sector energía (34%) y agrícola el (18%).(Evaluación Estratégica Subnacional, Avances 2018: 110)

Lo anterior explica la evidencia empírica registrada con los eventos asociados al cambio climático como las emergencias por ola de calor, lluvias intensas e inundaciones, deslaves por deforestación y cambios de uso del suelo en las cuencas altas (San Juan Cosalá 2007, 2008, Jocotepec, 2018 San Gabriel 2019) y granizadas, éste último evento ocurrido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2019. De igual manera, los eventos anteriores representan alertas climáticas respecto al modelo de desarrollo urbano y cambios de uso del suelo en la lógica del mercado y no de niveles de bienestar y de derechos humanos de la población.

*Profesora-Investigadora de la Universidad de Guadalajara. Consejera Social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático 2015-2019

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