John Polga-Hecimovich y Rafael D’Armas (Fotos: cortesía)
John Polga-Hecimovich y Rafael D’Armas (Fotos: cortesía)

Por Rafael D'Armas y John Polga-Hecimovich*

La juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero es el punto más visible de una profunda crisis política que muestra la compleja situación de Venezuela y las divisiones en la política hemisférica. Hasta el momento, 14 países de la región han reconocido a Guaidó como presidente interino. En contraste está la posición de México alegando el principio de no intervención en los asuntos internos de los países, que hace de hecho un reconocimiento a Nicolás Maduro.

Cabe recordar que Maduro se juramentó el pasado 10 de enero tras ganar un cuestionado proceso electoral en mayo de 2018, donde los principales partidos y políticos de oposición estuvieron legalmente inhabilitados, sin condiciones equitativas de participación y estándares tan bajos que no soportaría la más básica auditoría electoral, para no hablar de la falta de observadores internacionales independientes.

En un breve comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, llamó a las partes a "evitar cualquier tipo de violencia política" y se une a España, Portugal y Uruguay en buscar una "salida política" a la situación en Venezuela. Sin entrar en los crudos detalles de la crisis económica y humanitaria de Venezuela desde la llegada al poder de Maduro, las protestas del 23 de enero han dejado hasta ahora personas muertas a manos de los órganos represivos del Estado.

Si la intención del gobierno de México era la de mantener una postura de no intervención en la crisis de Venezuela, lo correcto habría sido abstenerse de cualquier declaración, más aún, una declaración que toma partido, reconoce a Maduro y efectivamente socava los esfuerzos regionales por encontrar una solución política.

La comunidad venezolana en México se ha manifestado contra Maduro. (Foto: Cuartoscuro)
La comunidad venezolana en México se ha manifestado contra Maduro. (Foto: Cuartoscuro)

No se pueden entender los hechos del 23 de enero de 2019 sin contexto. La juramentación de Guaidó representa una salida política que ha sido construida luego de años de asedio y persecución a la oposición. La postura del gobierno de AMLO lejos de ser una declaración de neutralidad bajo el principio de no intervención y autodeterminación, es un apoyo político a Maduro que oxigena al régimen venezolano.

Al otorgar apoyo político a Maduro, López Obrador falla en reconocer las complejidades de la crisis venezolana, pierde la oportunidad de ejercer liderazgo regional e influir positivamente en la resolución de la crisis venezolana, reduciendo el liderazgo regional de México.

Con esta acción, México se alinea con algunos de los gobiernos más represivos, menos democráticos y violadores de derechos humanos en el mundo. Hay que preguntarse si el apoyo mexicano a Maduro es producto de solidaridad ideológica o procedimental. Ideologizar la discusión es reducirla y negar su complejidad.

El rango de ideologías entre los países que han reconocido a Guaidó va desde Ecuador y Canadá en la izquierda hasta Perú en el centro y EEUU, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia en la derecha.

Juan Guaido juró como presidente interino el 23 de enero (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Juan Guaido juró como presidente interino el 23 de enero (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

De manera análoga también hay un rango de ideologías entre los países que siguen reconociendo a Maduro, pero lo que tienen en común estos países es que son dictaduras plenas (Irán, Cuba) casi dictaduras (Turquía, Rusia) o regímenes híbridos (Nicaragua, Bolivia) en otras palabras, esta declaración de solidaridad realmente muestra una preocupante falta de convicciones democráticas en AMLO y su absoluta falta de compromiso con los derechos humanos internacionales.

La discusión sobre el reconocimiento a Maduro sobrepasa la coyuntura venezolana, se trata de buscar mecanismos políticos para lidiar con los regímenes híbridos, de los abusos de poder que llevan a estos regímenes a cometer flagrantes violaciones a los derechos humanos y en este caso, una cleptocracia autoritaria que ha producido una de las peores crisis humanitarias en la historia de la región.

El gobierno de México está en todo su derecho de alinear su política exterior como lo considere más conveniente a sus intereses estratégicos, pero debe saber que alinearse con la posición de uno de los dos gobiernos más represivos y autoritarios del continente en un momento crítico para la historia política de la región, puede ser un error que la historia no perdone con tanta facilidad.

*Rafael D'Armas es politólogo especialista en el Sistema Interamericano, ha sido analista político en la OEA; John Polga-Hecimovich es profesor asistente del Departamento de Ciencias Políticas de la Academia Naval de Estados Unidos

Nota: las opiniones expresadas aquí son únicamente las de los autores y no representan las opiniones de la Academia Naval de los Estados Unidos, el Departamento de la Marina, el Departamento de Defensa, ni del gobierno estadounidense.