La única clínica de Missouri donde se practican abortos y que se encontraba amenazada de cierre podrá seguir en funcionamiento "por ahora", anunció este viernes la justicia de ese estado del centro de Estados Unidos.
Un juez de la ciudad de San Luis extendió la licencia de esa clínica, la única que practica abortos en el estado, que iba a expirar este viernes a medianoche. La justicia volverá a examinar ese caso en una nueva audiencia el 4 de junio.
Desde ayer, organizaciones de mujeres y defensores de los Derechos Humanos reclamaron a la justicia que si esa clínica cerraba, Missouri se convertiría en el primer estado de los Estados Unidos sin acceso a la práctica legal desde el fallo de la Corte Suprema Wane vs. Rode, en 1973
El juez Michael Stelzer ordenó que la licencia de la clínica "no expirará y permanecerá vigente hasta que una solicitud del demandante sea juzgada de forma preliminar" el 4 de junio.
La clínica abrió el viernes temprano, como de costumbre. Solo un opositor al aborto se acercó a la entrada ofreciendo "recursos" alternativos a los pacientes.
Y si bien todo parecía tranquilo desde el exterior, la organización Planned Parenthood, que administra este centro, se había movilizando para mantenerlo operativo.
El jueves, reunió a más de mil manifestantes en las calles de San Luis y solicitó entonces una suspensión de la decisión al juez Michael Stelzer. El poderoso grupo de planificación familiar denuncia lo que califica como una "crisis nacional".
"El estado de salud de las mujeres es una emergencia y una crisis nacional, y debemos responder con todo lo que tenemos", dijo en un tuit.
Más allá de Missouri, varios estados de mayoría conservadora están desprendiéndose de los derechos de aborto, a pesar de que el acceso está garantizado en todo el país desde la decisión d la Corte Suprema de Estados Unidos.
"Prácticas deficientes"
El Tribunal Supremo permite a los estados establecer algunos límites al aborto siempre y cuando no impongan una "carga indebida" para las mujeres.
El término se interpreta de manera muy diferente de un estado a otro, y el acceso al aborto generalmente es mucho más accesible en el oeste y noreste del país, que en el sur y el medio oeste.
El gobernador republicano de Missouri, Mike Parson, recientemente acogió con satisfacción la caída en el número de abortos de 20.000 a 3.000 en el estado, en el que viven seis millones de personas.
Parson ha acusado a Planned Parenthood de "violar de forma activa y deliberada la ley estatal en numerosas ocasiones" y se ha negado a renovar la licencia de la clínica.
Las autoridades sanitarias aseguraron haber encontrado "prácticas deficientes" en la clínica durante una inspección de rutina en marzo y han solicitado interrogar a todos los doctores que realizaron abortos allí durante el último año.
Pero algunos se han negado, temiendo ser incriminados sin conocer las acusaciones en su contra.
"Línea roja"
El caso de Missouri se presenta en momentos en que una decena de estados estadounidenses -incluyendo Alabama, Georgia, Mississippi y Luisiana- aprobaron leyes que restringen el aborto como parte de una estrategia concertada para llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia.
El principal tribunal de Estados Unidos está dominado por una mayoría conservadora, desde la designación de dos jueces designados por el presidente Donald Trump. El histórico fallo Roe vs. Wade permite que se impongan condiciones al aborto solo después del primer trimestre del embarazo.
En general, los estados que restringen el acceso al aborto han intentado prohibir la interrupción del aborto tan pronto como se detecte un latido cardíaco. Esto es aproximadamente en la sexta semana de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
Se espera que la mayoría de las medidas enfrenten desafíos legales, y eventualmente terminen ante la Corte Suprema.
Seis estados conservadores, incluido Missouri, tienen en estos momentos solo una clínica de aborto, en comparación con las más de 150 que hay en California.
A principios de este mes, los legisladores de Missouri aprobaron un proyecto de ley que prohibía el aborto después de ocho semanas de embarazo, incluso en casos de violación e incesto.
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