Contratos de prestación de servicios con el Gobierno nacional irán hasta abril de 2023: qué pasará con los contratistas

Serán cuatro meses en los que el Ejecutivo abrirá plantas temporales donde albergará a los más de 1 millón de colaboradores que tienen esa modalidad; ahora contarían con todas las prestaciones sociales financiadas por el Estado

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La medida del Gobierno de Gustavo Petro busca que no se paralicen las entidades mientras se habilitan empleos temporales. Foto: archivo Bloomberg.
La medida del Gobierno de Gustavo Petro busca que no se paralicen las entidades mientras se habilitan empleos temporales. Foto: archivo Bloomberg.

Será hasta abril del 2023 cuando el Gobierno nacional permita que los contratos de prestación de servicios se sigan manejando como hasta ahora. Así lo había prometido semanas atrás el presidente de la República, Gustavo Petro, y así, tal parece, se cumplirá, luego de un decreto que se emitió recientemente.

Así quedó estipulado en la reciente circular que emitió el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Esap donde, entre otras cosas, se asegura que será hasta el cuarto mes del otro año en el que el Ejecutivo permita la contratación de prestación de servicios mientras que se adelanta la apertura de las plantas de empleos temporales que evalúa el Gobierno.

Allí, se estipula que las entidades del Estado solo podrán reclutar empleados bajo esa modalidad siempre y cuando sea estrictamente necesario. Sin embargo, irían hasta abril del 2023. Estas contrataciones, de acuerdo con el documento, serán reguladas por la Rama Judicial tanto a nivel departamental como nacional.

El Gobierno de Petro está trabajando con su equipo para cambiar los contratos de prestación de servicios. (Colprensa-Mariano Vimos)
El Gobierno de Petro está trabajando con su equipo para cambiar los contratos de prestación de servicios. (Colprensa-Mariano Vimos)

Estas entidades, de acuerdo con la circular, “deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”, reza el texto de Función Pública.

Lo que pretende el gobierno Petro con la generación de estas plantas temporales es mejorar las condiciones laborales de casi más de un millón de funcionarios que se ganan la vida con los contratos de prestación de servicios. Para ello, se crearán las mencionadas plantas que sustituirán esa modalidad laboral que le permita a los trabajadores tener todas las prestaciones de ley como en un contrato fijo, indefinido u obra labor, que es donde se les pagan vacaciones, primas, cesantías, entre otros.

Con ello, se ratifica otro de los objetivos del primer mandatario, que es desmontar las nóminas paralelas de la mano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Para ello, se fijaron estos cuatro meses para que las diferentes dependencias del Gobierno realicen los citados estudios para mirar cómo brindarle las garantías a sus colaboradores.

El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ocampo, busca regular la contratación estatal. REUTERS/Vannessa Jimenez/File Photo
El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ocampo, busca regular la contratación estatal. REUTERS/Vannessa Jimenez/File Photo

De hecho, esta iniciativa se conoce a escasos días en que el Ministerio de Hacienda presentó el plan de austeridad del presidente Petro en el que también se estipulan los nuevos parámetros a la hora de realizar contrataciones directas con el Estado colombiano.

“La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia”, señala la cartera dirigida por el ministro José Antonio Ocampo.

Estas nuevas rúbricas responden a lo que el jefe de Estado ha dicho en semanas anteriores sobre los relaciones de prestación de servicios, los que considera son “una relación laboral mentirosa” para “sobreexplotar” a los trabajadores y por ende este esquema “debe pasar a la historia”.

Otra disposición reflejada en el documento tiene que ver con la reducción a los contratos de seguridad y vigilancia privada. Además, habría más recortes en este rubro, algo que no había hecho el gobierno anterior.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda precisó que cada institución debe evaluar “la viabilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, con el fin de reducir el gasto con este tipo de contratos”. Además, el borrador del decreto destaca que podría haber un incentivo a aquellas compañías que ofrezcan servicios centrados en el uso de herramientas tecnológicas de seguridad y no tanto en la vinculación de personas.

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