La respuesta del ICBF a los señalamientos de la Contraloría sobre presuntas irregularidades

El ente regulador encontró que durante 2021 y 2022 dentro de la institución se comprometieron, al menos, $ 9.127 millones, en posibles hechos de corrupción

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Imagen referencia: ICBF empezará sus propias investigaciones sobre las irregularidades que señaló la Contraloría frente a temas fiscales en el 2021.
Imagen referencia: ICBF empezará sus propias investigaciones sobre las irregularidades que señaló la Contraloría frente a temas fiscales en el 2021.

Hace unos días, la Contraloría General de la Nación dio a conocer un informe donde señaló algunas irregularidades al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, entre las que asegura que hay $ 9.127 millones comprometidos en posibles casos de corrupción. Es por eso que este fin de semana, el ICBF respondió al ente regulador y manifestó que se harán las investigaciones correspondientes para poder determinar quienes estarían relacionados y como se habría embolatado el dinero que correspondiente al presupuesto de alimentación.

Recordemos que en medio del proceso de auditoria que se llevó a cabo, la Contraloría encontró, al menos, 60 hallazgos, de los cuales se puede determinar que el 30 % son en temas fiscales, el resto están distribuidos en temas disciplinarios y de carácter penal.

“Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad, y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación”, anotó en su informe el ente.

Tras la polémica que esto ha creado, el Instituto sacó un comunicado a la opinión pública donde inicio haciendo algunas aclaraciones del proceso:

“Si bien el informe corresponde a la auditoría de la vigencia 2021 a junio de 2022, incluye no solo temas sobre la entrega de raciones para preparar, RPP, sino también sobre la ejecución contractual regional, ejercicios de supervisión, manejo de cuentas, saldos y demás temas presupuestales”.

Por lo consiguiente, el ICBF aseguró que comenzará sus propias investigaciones, por un lado, en temas jurídicos y administrativos; y por otro, se llevará a cabo una revisión detallada de la base de datos de entrega de raciones.

“Con base en los resultados de los presuntos hallazgos al interior de la institución, se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer el marco de las responsabilidades y en caso de ser necesario, serán adelantadas las actuaciones administrativas y jurídicas pertinentes”, agregó la institución en la misiva.

En cuanto a la revisión de los datos, aseguró que es importante mirar el tema de las supuestas entregas a personas fallecidas durante el proceso de pandemia, que se creó desde en 2020 hasta el 2021 por el covid-19 en el país.

“Frente a la presunta entrega de raciones a personas fallecidas durante la pandemia, el ICBF efectuará un plan especial centrado en un proceso de revisión aleatoria con el cruce de base de datos y de registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de validar la consistencia del hallazgo y sus causas”, concluye el comunicado.

ICBF instaló primer puesto de mando unificado contra desnutrición en La Guajira

La situación de desnutrición en La Guajira es insostenible, por lo que la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo Aldana, como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), instaló junto al Gobernador, José Jaime Vega Vence, el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) contra la desnutrición en el norte del país.

“La instalación de este Puesto de Mando es un hito en la historia del país, ya que por primera vez se van a articular acciones entre las entidades del Estado, territorio y comunidad, para la prevención de la desnutrición y la garantía de derechos de niños y niñas en La Guajira”, sostuvo la directora Baracaldo.

Durante la instalación y desarrollo del PMU, participaron el secretario de Salud del departamento, Armando Pulido; el secretario de Gobierno, Javier Ripoll, y el secretario de Obras, Hamphry Molina. Así mismo, se contó con la presencia de representantes de la Procuraduría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo; además de las alcaldías de Manaure, Uribia y Rioacha; así como de autoridades indígenas y los líderes Wayúu, Matilde López y Javier Rojas, y la vocera Irama Móvil. Estos últimos advirtieron que la desnutrición en La Guajira no es una situación nueva, ni únicamente responsabilidad del ICBF.

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