Defensoría del Pueblo alista proyecto de ley para enfrentar el hacinamiento en los centros de detención transitoria

En Colombia hay una crisis penitenciaria y carcelaria. Las cárceles se han convertido en un lugar donde se presentan varias violaciones de derechos humanos. De acuerdo con información oficial, hasta 2021, en el país existe una sobrepoblación carcelaria de 16.706 personas.

Por su parte, en las URI y las estaciones de policía de todo el país hay un hacinamiento que asciende al 171 %, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad.

Este jueves el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno nacional, las autoridades municipales y departamentales, y el sector privado, para enfrentar la crisis de hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria ubicados en las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Esta advertencia del funcionario se conoció en la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizan soluciones frente al hacinamiento carcelario.

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En el mismo espacio, Carlos Camargo señaló las graves vulneraciones a los derechos humanos de la población privada de la libertad por cuenta del hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria del país.

Uno de los puntos más críticos del hacinamiento se evidencia en la Estación La 19 de Riohacha, donde el porcentaje de sobrepoblación llegó al 2.000 %, y en la que los reclusos están sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud.

En otra de sus declaraciones, Carlos Camargo aseguró que frente a esta problemática la Defensoría del Pueblo trabaja para buscar soluciones alternativas, de justicia restaurativa y formas punitivas diferentes a la detención en establecimientos carcelarios.

Sobre este proyecto de ley, el funcionario indicó que se está buscando una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos “para que tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad y de esta manera, se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población”, finalizó el defensor del Pueblo.

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Antes de terminar su intervención, Camargo explicó que uno de los escenarios que más lo ha impresionado en la Defensoría del Pueblo es la situación de derechos humanos que se vive en el sistema penitenciario y carcelario de nuestro país.

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