A la fiscal Angélica María Monsalve la llamó el pasado lunes 4 de abril a las 8:30 de la noche, Marta Manzera, la vicefiscal general de la Nación y le advirtió que una banda criminal está orquestando un plan para asesinarla. Su nombre se volvió mediático luego de que se conocieran las presiones que ha sufrido tras haber llamado a imputación de cargos a Carlos Ríos Velilla, Javier Ríos Velilla y Felipe Ríos Velilla, investigados por una licitación para el recaudo de TransMilenio.
La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) aseguran que la banda que estaría detrás del atentando a la funcionaria pública sería el Clan de Golfo.
Eso se lo hizo saber la vicefiscal en su comunicación telefónica y lo afirmó también el general Fernando Murillo, director de la Dijin, “en el desarrollo de la operación ‘Cóndor’ contra el narcotráfico y en específico contra el ‘Clan del Golfo’ a través de fuentes humanas se recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de la fiscal Angélica María Monsalve”, explicó el general.
A pesar de estas dos alertas, la fiscal aseguró que rechazará el esquema de protección que le ofreció la Fiscalía. Así lo confirmó en una entrevista con W Radio en la mañana de este miércoles 6 de abril. “Tendría que firmarles un documento para autorizarles un estudio de seguridad, que arroja una evaluación, es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de Protección”.
Lo anterior lo explica la fiscal porque este estudio de seguridad arroja dos caminos: “El primero es que si la institución determina que la fiscal está en riesgo extremo, habrá una protección física, pero si es riesgo extraordinario puede haber cambio de lugar de trabajo o reasignación del proceso”.
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Monsalve advierte que el riesgo de aceptar esta protección está marcada en el artículo 155 de la resolución 1006 de 2016 de la Fiscalía General de la Nación que dice: “en caso de que el riesgo sea extraordinario, se hará un cambio de domicilio, el cual se entiende como el cambio de lugar de trabajo del servidor ubicado en el interior de la Fiscalía General de la Nación, hacía otro lugar del país, alejado de la zona de riesgo”.
Para la fiscal su trabajo no tiene relación alguna con intereses del Clan del Golfo y por eso lo inexplicable de esta amenaza. “Yo manejo delitos de cuello blanco, los indiciados son siempre funcionarios públicos, yo no siento que esto sea una amenaza, tengo años manejando el delito y estos han tenido muy buen comportamiento, he estado en situaciones con personas más influyentes y estoy aterrada con este supuesto atentado, no le encuentro el nexo causal. Por qué me va a querer matar el Clan del Golfo, no sé ni a qué se dedica esa organización y yo creo que ellos tampoco saben nada de mí”.
Finalmente agregó que, “si alguien me quiere hacer daño, no voy a responsabilizar a nadie, ya sabemos quiénes son los indiciados, quiénes fueron los que ejercieron el tráfico de influencias para obstruir esa justicia, entonces si alguien me quisiera hacer daño pudiesen ser esas personas que están calificadas y señaladas por mí y que se han sentido ofendidas por mis declaraciones. Sin embargo, no me siento amenazada por estas personas tampoco”.
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