El informe ‘Paramilitarismo e impunidad: violaciones a los derechos humanos en las zonas 1 y 2 del suroeste antioqueño’ fue entregado por la Corporación Jurídica Libertad a la Comisión de la Verdad. La presencia paramilitar abordó las zonas de influencia de los ríos San Juan y Penderisco, que comprenden los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Betulia, Concordia, Salgar y Urrao. Entre las violaciones a los derechos humanos contra la población, el documento señala que se perpetraron 67 masacres de las que fueron víctimas 335 personas.
Además, la investigación desarrollada por la Corporación da cuenta de desplazamientos forzados que dejaron a 123.503 personas afectadas, asesinatos selectivos a 22.458 pobladores, amenazas contra 4.464 habitantes de la región, agresiones sexuales a 237 personas y 3.209 desaparecidos.
La responsabilidad de los crímenes se basó en el análisis de seis hechos, actores y temporalidades. El primero es la existencia de grupos privados de autodefensas que operaron entre 1988 y 1994. El segundo hace referencia a las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria o los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, que hicieron presencia en la región entre 1995 y 1997. Estas asociaciones fueron creadas para defender y brindar apoyo a la Fuerza Pública en labores de inteligencia o contacto con la gente para reducir la criminalidad en áreas rurales.
La estrategia fue impulsada por el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, durante el periodo presidencial de César Gaviria. Sin embargo, fue bajo el gobierno de Ernesto Samper que se expandieron por todo el país. Según Verdad Abierta, fundación de investigación periodística, durante la vigencia de la norma, se crearon cerca de 539 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país con 15.300 personas vinculadas. En el proceso contra alias ‘H.H’ ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, los magistrados señalaron que de las 414 Convivir creadas hasta diciembre de 1997, muchas fueron presentadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares, entre ellas las Convivir Horizonte y Guaimara, dirigidas por Salvatore Mancuso.
El tercer punto hace énfasis en la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá entre 1995 y 1997. El cuarto hecho es la movilización del Frente Cacique Pipintá, agrupación armada que operó en los departamentos de Caldas, Quindio y Risaralda y estuvo adscrita al Bloque Central Bolívar de las AUC. La JEP señala que los integrantes del grupo armado se hacían pasar por miembros del Frente 47 de las Farc-EP para dar con los supuestos colaborares de la guerrilla. Recorrieron municipios con listas de personas que habían sido identificadas por el Ejército y la Policía como supuestos guerrilleros o colaboradores del EPL y las Farc-EP. Además, extorsionaban a ganaderos, comerciantes, empresarios y transportes e, incluso, arrojaban los cuerpos de las víctimas principalmente al río Cauca.
El quinto punto que estudió la Corporación fue la presencia del Frente Suroeste de las AUC entre 1999 y 2004 y el sexto señala la consolidación y posterior desmovilización de este Bloque entre 1996 y 2005.
Los resultados de las investigaciones indican la relación entre las instituciones, grupos, miembros y fuerzas del Estado con las estructuras paramilitares. El informe da cuenta de todo un engranaje de distintos poderes y actores que ejecutaron acciones junto a los grupos armados ilegales, “lo que ha contribuido a mantener altos indices de impunidad en el Suroeste”, recalcan. Además, subrayan que las prácticas de los paramilitares incluyeron el exterminio social contra consumidores, trabajadoras sexuales y población LGBTI.
El informe ‘Suroeste antioqueño: un conflicto silenciado’, es otra de las recientes entregas a la Comisión. Allí, la Corporación Conciudadanía y el Centro de Fe y Culturas, detallan los homicidios, secuestros, masacres y desplazamientos forzados de los que fueron víctimas los pobladores. Señalan que grupos armados ilegales realizaban controles en los puentes y ríos en los municipios de Venecia, La Pintada, Fredonia y el sector de Las Peñas, lugar en el donde se arrojaban los cuerpos de las víctimas al río Cauca. Los grupos armados utilizaron la estrategia ‘quitarle el agua al pez’, la cual consideraba a los campesinos como “fuente de agua para las Farc-EP” y principales colaboradores. Por ello, ejecutaron asesinatos y desplazamientos para que la guerrillera “también desapareciera”, explica el informe.
La Comisión de la Verdad ha recibido más de 800 informes en todo el país y alrededor de 50 sobre el conflicto en Antioquia, dentro de los cuales se cuentan cinco, incluyendo el anterior, sobre el Suroeste del departamento, región que limita con Caldas y Chocó.