El Tribunal administrativo de Cundinamarca bloqueó, el 14 de septiembre, el préstamo por US$370 millones que el Gobierno nacional había prometido a la aerolínea Avianca Holdings, como respuesta a una acción popular que interpuso un ciudadano colombiano. En la acción, Jonatan Ruíz Tobón aseguró que el préstamo representaba un “uso irresponsable de los recursos públicos, vulnerando la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad social”.
Ante este bloqueo, la aerolínea apeló la decisión del tribunal y, junto con el Gobierno, presentó un recurso de reposición, solicitando el cambio de la decisión. Avianca Holdings argumentó que “de mantenerse la medida cautelar y por tanto de condenarse a Avianca a desaparecer, se causaría al patrimonio público una mayor afectación que la que representaría el desembolso del crédito”.
Sin embargo, el tribunal informó este primero de octubre que mantiene el bloqueo del millonario préstamo, pues “el otorgamiento del crédito debe sujetarse a unas condiciones establecidas en la ley, particularmente en el Decreto Legislativo 444 de 2020 y en el Decreto 844 de 2020, que no han sido acreditadas, y cuyo cumplimiento asegura la protección del patrimonio público”.
Además, señaló que “no hay claridad sobre la confiabilidad que ofrecen las garantías propuestas, debido a la vulnerabilidad que las afectan en relación con la situación de Avianca Holding S.A., la falta de fundamentación contable de algunas de ellas y la posible ineficacia de otras como medio de respaldo crediticio”.
Con esta decisión, ni el gobierno de Iván Duque ni Avianca Holdings pueden desbloquear el préstamo por 370 millones de dólares que solicitó la aerolínea para sobreponerse a la crisis económica derivada por el COVID-19 y la suspensión de operaciones aéreas en casi todo el mundo.
Avianca, por su parte, apeló la decisión de la alta corte, pues en una semana la empresa debe presentarse ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos como Deudor en posesión (DIP), lo que significa que la empresa se ha declarado en bancarrota, pero aún posee sus bienes y opera en el negocio.
La empresa afirmó que “la estructura del financiamiento DIP incluye compromisos de respaldo, a fin de reservar US$ 240 millones para la participación gubernamental, que no dependen de que la medida cautelar se levante antes de la aprobación del DIP por parte del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos”.
El alivio de los nuevos inversionistas
La aerolínea informó recientemente que, gracias a los compromisos de inversionistas institucionales, ya aseguró 2 mil millones de dólares para hacer frente a su proceso de reestructuración. Según un comunicado de la compañía, 590 millones de dólares provienen de nuevos inversores institucionales, 290 millones de tenedores de bonos sénior de Avianca, garantizados con vencimiento en 2023, y otros 408 millones proceden de la refinanciación de deuda preexistente.
“Del total de los recursos frescos del Tramo A, 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP”, agregó Avianca en el documento.
“Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”, señaló en ese momento el presidente ejecutivo de Avianca Holdings, Anko van der Werff.
De acuerdo con esa información, compartida por la misma compañía, es posible que el polémico préstamo por 370 millones de dólares del Gobierno colombiano no sea necesario en su totalidad.
Según el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, con el recurso de apelación impuesto por Avianca se espera que el caso sea revisado por el Consejo de Estado y este determine si el Gobierno puede hacer el préstamo o no.
“Si el Consejo de Estado da vía libre al crédito, comenzará a operar la decisión que tomó el comité del FOME, que autorizó que la República de Colombia esté hasta US$370 millones en la operación DIP. Mientras el Consejo de Estado no dé ese fallo, la República de Colombia no participará”, resaltó Zárate en Mañanas BLU.