La Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) alcanzó un acuerdo que bordea los 2,5 millones de dólares por año, con un sitio de apuestas deportivas y abarca a toda la liga de fútbol de la primera división en Chile.
El campeonato de fútbol chileno comienza este viernes, y comenzará con una polémica. Su mayor auspiciador, Betsson, es un sitio de apuestas deportivas, que en Chile, no están reguladas por la ley. De hecho, se discute aún un proyecto regulatorio de estas casas de apuesta virtual en el parlamento, lo que según indican, podría restringir su participación económica en clubes y torneos deportivos o incluso prohibirlas.
A través de un comunicado, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se mostró satisfecho por el acuerdo. “Estamos contentos de firmar esta alianza con Betsson y confiamos en que este acuerdo servirá para potenciar el fútbol chileno y nuestro campeonato”, declara.
Además, y otro punto que realza la polémica, es que el contrato con la casa de apuestas viene aparejado a un requerimiento que obliga a todos los clubes de primera división a lucir el logo del nuevo auspiciador en las camisetas, pese a que hay clubes que se han opuesto y otros a los que se les produce un conflicto de interés, ya que firmaron auspicios unilaterales con otras marcas de sitios de apuesta.
Ya en diciembre de 2022, un equipo tradicional chileno, la Unión Española, fue el primero en mostrarse en contra del acuerdo de la ANFP con el nuevo auspiciador, debido a que el club no pretende tener ningún tipo de relación con las casas de apuestas deportivas por considerarlo “lejos de sus principios”. “Si los jugadores se ven obligados a llevar esa publicidad en sus camisetas, es solo como consecuencia de la presión a la que hemos sido sometidos y no por el deseo de Unión Española”, expresó club.
El equipo que no cumpla con tener el parche del auspiciador en su camiseta arriesga multas que podrían llegar hasta $180 millones de pesos chilenos (USD 270 mil).
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A fines de noviembre del mismo año, el parlamento aprobó en general, el proyecto de ley que prohíbe toda presencia de publicidad de casas de apuestas en eventos y clubes deportivos, de cualquier disciplina, incluyendo el fútbol. De acuerdo al texto aprobado, los principales puntos de la ley son: Prohibición de la celebración de cualquier tipo de acto o contrato entre plataformas de apuestas en línea con organizaciones deportivas. Prohibición la publicidad y el patrocinio de plataformas de apuestas en línea, “cualquiera sea el medio o soporte por el cual se transmita o publique y cualquiera sea el horario o evento en el cual se publicite o patrocine”. No podrán ser parte del directorio de una organización deportiva o de una organización deportiva profesional, quienes posean participación accionaria en sociedades o empresas de apuestas en línea.
Para el parlamentario que promueve la ley regulatoria, Marco Antonio Sulantay (UDI), se trata de una “incompatibilidad”. “Es absolutamente incompatible con el proyecto de ley. La base señala que se prohíbe la relación con las casas de apuestas. La ANFP estaría dentro de esa inhabilidad si hubiese estado vigente. Los clubes también. Esto sucede porque el proyecto aún no es ley. Ya fue aprobado en el trámite de indicaciones y estamos a la espera de que pueda ser puesto en tabla. Y luego se va al Senado”, advierte.
El congresista, además, sostiene que una vez que la ley entre en vigencia el escenario se puede complicar para el fútbol chileno. “Tanto la ANFP como los clubes estarían trasgrediendo cuando la ley entre en vigencia. Ahora es tierra de nadie. Están ganando tiempo, optimizándolo. Están aprovechando el tiempo para tener contratos que aseguran recursos”, dijo.
En una declaración pública, la ANFP anunció que: “se tomaron los recaudos contractuales necesarios para evitar vulneraciones legales”. Además, advierten, “quedaron establecidos los mecanismos compensatorios ante la eventualidad de que el pacto deba romperse por obligación”.
En este sentido, a juicio del periodista deportivo Freddy Milla, “se interpreta que la ANFP espera que si se aprueba la ley tenga más bien un enfoque tributario, y si no, esperan que corra el principio de una aplicación gradual de la ley, para así respetar los contratos que ya firmaron, que en este caso, tendrá una validez de tres años”, declara.
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