El gobierno de Bolivia retiró el cuestionado proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según informó hoy la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, durante una conferencia de prensa, y aseguró que el motivo fue evitar la confrontación.
“Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, anunció Prada.
La oposición boliviana criticó que con este proyecto de ley se le dé “poderes extraordinarios” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia y que podría atentar a la libertad de expresión. El Gobierno boliviano, por su parte, acusó a la oposición de mentir acerca de las implicaciones que este proyecto para impedir el blanqueo de capitales y las ganancias a través de mercados ilícitos tendría sobre algunos sectores, como transportistas, comerciantes, e incluso periodistas.
Abogados constitucionalistas señalaron que según el texto propuesto los bienes de todos los ciudadanos quedan bajo sospecha, en contradicción con la “presunción de inocencia” que debería prevalecer.
ntre las observaciones que hizo la oposición está la prohibición de evocar la reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información que afecta al gremio periodístico, que también rechazó la norma.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) había manifestado en un comunicado su “profunda preocupación” por algunos artículos que “afectan derechos y garantías constitucionales” y que por la “ambigüedad de algunos artículos ponen en indefensión a los empresarios, ciudadanos y emprendedores que han creado su riqueza con honestidad”.
“No se puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales”, señala el comunicado emitido la pasada semana por la CEPB.
La Cámara de Exportadores también expresó su preocupación por que esta norma puede vulnerar algunos derechos como la indagación de cuentas personales sin necesidad de una orden judicial.
“A simple denuncia van a querer investigar a los comerciantes y a nuestros puestos de venta y van a querer meternos a la cárcel o quitarnos nuestros bienes inmuebles”, indicó el secretario ejecutivo de los gremiales de El Alto, Antonio Siñani.
Por ello los comerciantes se movilizaron esta semana para exigir la anulación del proyecto o que ese sector sea excluido del mismo.
Paros y protestas
La oposición boliviana cortó este lunes calles y avenidas en tres de las principales ciudades del país en contra del gobierno del presidente Luis Arce, al que acusan de impulsar juicios políticos contra opositores y de buscar aprobar la draconiana ley que ahora ha sido retirada.
A un mes de cumplir su primer año de gobierno, el delfín político del ex presidente Evo Morales sufre las primeras protestas opositoras contra su gestión.
Los bloqueos pacíficos de vías de tránsito se registraron con las ciudades de Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) y La Paz, según los reportes oficiales de la policía. El jefe de la policía, Jhonny Aguilera, dijo que en las regiones de “Cochabamba y Santa Cruz hay bloqueos esporádicos que están siendo monitoreados”, mientras que el ministro de Gobierno (Interior) indicó que en el resto de los siete departamentos “existe absoluta normalidad”.
En La Paz había cortes de vías en algunos puntos de la ciudad, mientras la policía antimotines desplazó a decenas de efectivos para normalizar el tránsito de vehículos.
También denuncian una “persecución política” contra la oposición, como los juicios penales a la ex presidenta Jeanine Áñez (2001-2002); los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
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