Bogotá, 20 nov (EFE).- El ministro del Interior colombiano, Alejandro Ordóñez, defendió sus cuestionamientos a la prensa y aseguró que la libertad de expresión no ampara la calumnia ni la desinformación, luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lo acusara de utilizar canales institucionales para desacreditar e intimidar a periodistas.
"La verdad no intimida. Decir las cosas con claridad y de frente al país no debe estigmatizarse", afirmó este viernes Ordóñez en un mensaje publicado en la cuenta del Ministerio del Interior en X, en el que aseguró que el Gobierno "protege y defiende" la libertad de prensa.
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Sin embargo, el alto funcionario sostuvo que ese derecho no constituye una licencia para "abusar, calumniar, difamar, hacer montajes, desinformar o hacer política" y concluyó que quienes no ejercen un periodismo "genuinamente independiente, riguroso y objetivo" no son auténticos periodistas.
La respuesta del ministro se produjo después de que la FLIP rechazara el uso de la cuenta institucional de la cartera para desacreditar al periodista Daniel Coronell, quien el miércoles, durante la ceremonia de los Premios Simón Bolívar, cuestionó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por lo que considera presiones del Ejecutivo para fomentar la autocensura y restringir el acceso a la información pública.
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En un pronunciamiento divulgado la víspera, la FLIP consideró que Ordóñez había convertido un canal oficial del Estado en "una herramienta para intimidar a la prensa" y le exigió retirar sus señalamientos contra Coronell y retractarse desde la misma cuenta institucional.
La organización cuestionó especialmente que el ministro pusiera en duda la credibilidad del periodista y le advirtiera que debía "asumir las consecuencias" por su trabajo y expresó preocupación por sus referencias a la asignación de recursos públicos para financiar a los medios de comunicación, al advertir que utilizar la pauta oficial para premiar la aprobación o castigar el escrutinio periodístico puede constituir una forma de censura indirecta.
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El enfrentamiento coincide con las recientes instrucciones de De la Espriella a los integrantes de su gabinete para que no subordinen su actuación a "los intereses políticos de los medios de comunicación ni de los grupos económicos", pues, según el mandatario, "regresar a esas dinámicas sería traicionar el mandato popular".
De la Espriella ha impulsado una política de centralización de las comunicaciones del Gobierno, formalizada en una orden al gabinete y altos funcionarios, quienes deben coordinar con la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) entrevistas, declaraciones y participaciones en los medios, una disposición que ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre el acceso de periodistas a las fuentes oficiales. EFE
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