
La Policía de Mozambique ha llamado a la calma al inicio del proceso judicial que desde este martes se ha puesto en marcha contra el excandidato Venancio Mondlane por su supuesta responsabilidad en la violencia postelectoral tras las presidenciales de 2024 y que dejó alrededor de 400 muertos.
En un comunicado, ha pedido a la ciudadanía que mantengan la calma, protesten de forma pacífica y desistan de cualquier acción que pueda poner en riesgo la seguridad y la integridad de terceros, así como del patrimonio público y privado.
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Mondlane, por su parte, ha acudido este jueves a la sede del Tribunal Supremo, en Maputo, la capital de país, y ha aprovechado la presencia de los periodistas para afear a la prensa que no haya hecho lo suficiente para recurrir las supuestas restricciones que los tribunales han impuesto para seguir el proceso judicial.
"Era obligación de la prensa nacional emprender acciones conjuntas para hacer valer sus derechos", les ha señalado el líder de la Alianza Nacional por un Mozambique Libre y Autónomo (Anamola), quien ha asegurado que se ha restringido el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
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Mondlane se enfrenta a cinco cargos relacionados con la violencia postelectoral de las presidenciales de 2024, en las que salió derrotado frente al candidato del oficialismo, el actual presidente, Daniel Chapo, del histórico Frelimo, que gobierna Mozambique desde la independencia de Portugal en 1975.
La Fiscalía le acusa de haber sumido el país en el caos durante aquellos conflictivos meses entre octubre de 2024 y marzo de 2025, en los que unas 400 personas murieron, más de 4.000 resultaron heridas y otras 4.200 fueron detenidas, según organizaciones civiles y de Derechos Humanos.
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Mondlane se enfrente a cargos de apología e instigación del delito, de incitación a la desobediencia colectiva, o de terrorismo, que pueden suponer penas que superan los veinte años de prisión.
La Orden de Abogados de Mozambique (OAM) ha anunciado que estará presente en el juicio para de manera institucional e independiente confirmar que se respetan las garantías de la defensa, el principio de presunción de inocencia y, en definitiva, el derecho de cualquier ciudadano a un juicio justo, como marca la Constitución.
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