Los Ángeles, 17 nov (EFE).- Una organización jurídica sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, en el estado de California, demandó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos para detener la implementación de una nueva norma que restringe el acceso a asistencia federal para la vivienda a familias con miembros indocumentados
Public Counsel, que presentó la querella legal la noche del lunes en un tribunal federal en California, busca bloquear la entrada en vigor de la medida programada para mediados de diciembre.
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En concreto, la nueva norma exige la verificación de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo los programas sujetos a esta normativa, independientemente de su edad.
Asimismo, la nueva regla afecta a la asistencia que se ofrece actualmente a los miembros que sí cumplen con los requisitos de ciudadanía para recibir ayuda prorrateada para cubrir sus gastos de vivienda.
La nueva medida del HUD cambiaría esta disposición al convertir la asistencia prorrateada en un beneficio temporal, lo que podría obligar a las familias mixtas, con miembros en situación irregular, a perder el apoyo para su vivienda o enfrentar la posibilidad de separarse para conservarlo.
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La demanda, citada por el periódico Los Angeles Times, alega que el HUD no tiene la facultad para realizar un cambio de esta naturaleza y que dicha potestad reside en el Congreso, que fue quien promulgó la norma original que permitía a las familias con estatus migratorio mixto residir juntas.
La querella fue presentada en nombre de tres personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que actualmente residen en viviendas públicas en Los Ángeles y se verían afectadas por la medida.
Más de 1.709 familias de estatus migratorio mixto se benefician actualmente de asistencia para vivienda pública en Los Ángeles, según datos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA).
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la semana pasada la medida y dijo que responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que restringe a los inmigrantes irregulares ser beneficiados de programas de asistencia social financiados por el gobierno
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El funcionario aseguró que cerca de 200.000 inquilinos que reciben ayuda federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o desconocida.
Actualmente, las viviendas financiadas por el HUD solo cubren a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan ayuda en EE. UU. EFE
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