Frente Amplio promete derogar la Ley de protección de la Tauromaquia y destinar un 0,2% del PIB a Cultura

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El programa cultural de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre plantea el compromiso expreso de derogar la Ley 18/2013 que reconoce y protege la tauromaquia como patrimonio cultural, así como garantizar por ley un suelo mínimo de inversión pública estatal destinado a la cultura de al menos el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Esta segunda propuesta tiene el fin de garantizar "por ley una asignación presupuestaria mínima continuada destinada a la cultura".

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Además de estas novedades, la formación da continuidad a algunos de los proyectos impulsados por el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar. Por ejemplo, esperan cumplir el Plan de Derechos Culturales en su fase 2027-2030, retomar la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual' --interrumpida por la convocatoria electoral-- o culminar el "desarrollo reglamentario íntegro" de la Ley de Enseñanzas Artísticas.

También contemplan la ampliación del Plan de Impulso Territorial a los Equipamientos Culturales (PITEC) y la consolidación medidas ya iniciadas como el apoyo a las "entidades de economía social en el ámbito cultural", la defensa de la cultura en la Agenda Post-2030 o el despliegue normativo del Estatuto del Artista.

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Otra novedad es la creación de una Ley del Sistema Público de la Cultura que desarrolle el artículo 149.2 de la Constitución y fije "mecanismos estables de financiación y cooperación con las comunidades autónomas".

Asimismo, plantea aprobar una nueva Ley de Patrimonio Cultural para proteger bienes como "el audiovisual, el industrial, el sonoro o el paisaje cultural" y luchar contra "la detección ilegal de metales y el expolio".

La formación de Ada Colau contempla una Ley de Archivos para "seguir trabajando en el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática de 2022".

Por otra parte, la coalición incorpora medidas nuevas en materia de digitalización y función pública. Por un lado, propone crear "plataformas digitales públicas para la creación, difusión y acceso a la cultura" y apoyar "modelos de gestión participativa que refuercen la soberanía digital" y combatan las "brechas digitales".

Por otro, recoge la necesidad de aplicar un "refuerzo integral de los cuerpos facultativos del Ministerio de Cultura", ampliando "el número de puestos de trabajo" y revisando "las funciones relativas a cada uno de los cuerpos".